Hernan Padilla

PROMESA, la estocada final al ELA, lunes 31 de julio, 2017
Hernán Padilla
Ante la celebración del PPD del aniversario de la Constitución de PR y ficticio ELA, y las consecuencias de la creación de la Junta de Supervisión Fiscal Federal sobre las relaciones entre Puerto Rico y los EEUU, quiero destacar informaciones públicas que ameritan ser discutidas con mayor intensidad.

El artículo por Cynthia López (END): “La Junta de Supervisión Fiscal revela dónde está el poder de la colonia” cita las conclusiones de los abogados constitucionalistas Gorrín Peralta, Hiram Meléndez y Cox Alomar.

Sobresale que “el Tribunal Supremo de EEUU en el caso Sánchez Valle consignó la condición territorial de PR”. SCOTUS “concluyó que PR no contaba con soberanía para procesar criminalmente a una persona que había sido juzgada por los mismos delitos en una corte federal, porque “la fuente del poder de PR emana del Congreso”.

Al referirse a la JSF, concluyeron que el Congreso, bajo los poderes plenarios que ostenta bajo la Cláusula Territorial, aprobó la Ley PROMESA que crea una Junta que controla las finanzas públicas del “territorio”. Señalaron que la certificación del presupuesto de PR y posteriormente una versión enmendada confirma la situación colonial de PR.

Gorrín Peralta recalcó que la JSF desenmascaró el estado colonial de PR y “barrió con el mito de que se había creado una soberanía propia que cambió la relación que existía entre PR y EEUU. “PROMESA confirmó que era mentira de que teníamos soberanía y que habíamos dejado de ser un territorio.

Cox Alomar dijo que la JSF destruyó el argumento de que “el ELA sigue vivo” y de que no se podía cambiar el “pacto” o la Constitución sin el consentimiento de los puertorriqueños; confirmando “que no existe una relación bilateral sujeta al consentimiento mutuo de ambas partes”.

Sergio Marxuach, (Centro para una Nueva Economía) opinó durante un foro sobre el “Futuro de la Economía de PR” que “cuando el Congreso aprobó la Ley PROMESA, reconoció que tiene una obligación moral y constitucional de velar y promover el bienestar de los ciudadanos americanos residentes en PR y que le corresponde asegurarse de que PR resuelve la crisis fiscal que afecta todos los sectores en la Isla”.

Marxuach considera que “PR necesita impulsar el crecimiento económico a corto plazo y a la vez implantar una estrategia para un plan de desarrollo económico que promueva el crecimiento a largo alcance, que no se ha logrado por mucho tiempo”.

Aplaudo que el CNE apoye “extender el “Earned Income Tax Credit y el Child Tax Credit” a PR, mantener los programas de seguridad social, aumentar los fondos para educación, infraestructura e investigación”, y la paridad en Medicaid y Medicare”, todo ello conducente a la plena igualdad política.

Concurro con la recomendación del CNE de que el Congreso viabilice un “estímulo” que promueva el crecimiento económico a corto plazo, tal como propuso el Profesor Jaime Benson ante el grupo pro-crecimiento que creó PROMESA. Concurro también con activar una estrategia de desarrollo a largo plazo, que conllevaría resolver el escollo del estatus.

Aunque Marxuach no lo expresa explícitamente, es obvio que el estatus afecta la economía de PR. Evidentemente le han dado la estocada final al ELA, destruyéndose la mentira de lo que representa y el inexistente “pacto bilateral”; y poniendo de manifiesto que “si el Congreso quiere evitar una crisis social severa, serán necesarias ayudas federales para promover el crecimiento económico a corto plazo”, y que se implante un programa de desarrollo económico a largo plazo, eliminando las desventajas impuestas bajo la relación discriminatoria actual.

Para que PR resuelva el problema colonial logrando un desarrollo económico auto-sostenible como el que se ha propuesto, urge acelerar la integración a nuestra nación para lograr la igualdad y todos los beneficios federales hoy día disfrutan nuestros conciudadanos en los 50 estados.

Verdadero significado del Día de la Constitución, lunes 17 de julio, 2017
Hernán Padilla
Al PPD solo le queda el recuerdo del pasado; insistir en la mentira del ELA, y celebrar el Día de la Constitución. Muñoz Marín predicaba acertadamente “vergüenza contra dinero”, pero ahora los líderes del PPD practican “dinero contra vergüenza”, y se ven envueltos en las pirámides de corrupción y contratos millonarios a los “amigos del alma’.

En uno de los últimos actos del PPD honrando a Muñoz Rivera, líderes populares dijeron que “sin la ruta y la fuerza autonomista el ELA se muere”, y “si no evoluciona va a desaparecer”. El acto parecía más un velorio que una celebración de su prócer.

El ELA, ha sido un engaño político y la colonia no resiste más. Consistentemente los líderes coloniales se contradicen. Predican “soberanía” bajo una república asociada, pero mendigan trato igual a los cincuenta Estados.

Muñoz Marín aceptó públicamente que la Ley 600 no eliminó el poder del Congreso sobre PR. El Congreso jamás renunció sus poderes plenarios sobre Puerto Rico. Durante la aprobación de la Ley 600, el Comisionado Residente Fernós Isérn declaró que “ HR7674 would not change the status of the island of Puerto Rico relative to the United States… It would not alter the powers of sovereignty acquired by the US over Puerto Rico, under the terms of the Treaty of Paris”.

Ni la Constitución de PR define un cambio político, ni las Leyes del 1950 y 1952 autorizaron “libre asociación” con EEUU. Los Populares se inventaron la “gran mentira” del pacto bilateral y quieren representar la colonia como un territorio autónomo y soberano, ajeno a la Constitución Americana. El “Commonwealth” no implica un status diferente; jurídicamente no existe. La condición crea un “estado de desigualdad” política.

Cox Alomar, ex candidato a Comisionado Residente del PPD, reconoció y confirmó que “estamos sujetos a los poderes plenarios del Congreso no existe relación bilateral sujeta al consentimiento mutuo”, mientras el Alcalde-Miranda de Caguas dijo que: “Todo el mundo sabe que somos una colonia”

Cuando celebramos el Día de la Constitución de PR, reconocemos que la Constitución afirma que: “Consideramos factores determinantes en nuestra vida la ciudadanía de los Estados Unidos de América”, “la lealtad a los postulados de la Constitución Federal” y “la convivencia en Puerto Rico de las dos grandes culturas del hemisferio americano”.

Contrario a lo que alegan los defensores del estatus territorial-colonial, el modelo político y económico actual es un fracaso absoluto. Urge adoptar un nuevo modelo político-económico. Las limitaciones coloniales de nuestra condición subordinada impiden que se apliquen a los ciudadanos americanos de PR los mismos derechos, deberes, privilegios y progreso económico de los otros cincuenta estados.
El entonces gobernador Muñoz Marín, la Asamblea Constituyente, y el pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso: (1) que incluyese una Carta de Derechos; (2) que crease un gobierno de forma republicana; (3) que estuviese de acuerdo y sujeta a las disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos; y (4) que estuviese de acuerdo con la Ley Pública 600.

La intención primordial de estos requisitos fue la de asemejar y hacer viable que PR pudiera convertirse en un Estado. La Constitución de PR cumple con el requisito de ser un territorio organizado políticamente como un estado para poder ser admitido a la Unión.
No cabe duda, la Ley Pública 600, la Constitución de PR viabilizan la transición de Puerto Rico a la estadidad. La comunidad política creada por virtud de la Constitución de PR es como un estado en proceso de admisión.

Los puertorriqueños nos expresamos en favor de la Estadidad. Lo que falta es culminar el proceso de admisión y aprobar la Constitución del Estado de Puerto Rico. La Estadidad garantizará nuestros derechos civiles y constitucionales en un plano de igualdad al resto de nuestra Nación.

El 4 de julio y el Estado 51. Lunes 3 de julio 2017
Hernán Padilla

El 4 de julio, los ciudadanos americanos de PR afirmamos los principios de la Declaración de independencia de 1776, que estipuló que “todos los hombres son iguales, que son dotados por su creador de ciertos derechos inalienables y que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados”.

Reconocemos a los que han sacrificado y sacrifican sus vidas por la democracia que garantiza el disfrute de los derechos y privilegios de esta gran Nación. Entre esos héroes hay miles de puertorriqueños que han servido honorablemente en las Fuerzas Armadas a pesar de carecer de una verdadera igualdad de derechos.

Unos 18.000 boricuas participaron en la Primera Guerra Mundial, 65,034 en la Segunda Guerra Mundial, 61,000 en la Guerra de Corea y 48,000 en Vietnam. En estos conflictos han muerto más de 1,300 puertorriqueños luchando por nuestra nación y la democracia, sin contar los que perecieron en la 2da guerra mundial.

Aunque los puertorriqueños sirven con honor y valentía en las Fuerzas Armadas de EEUU, nuestros militares y veteranos regresan sin poder disfrutar de los derechos civiles fundamentales por los que han luchado: elegir el Comandante en Jefe y Presidente y por una delegación congresional que los represente.

La Ley Federal 81-600 del 3 de 1950 concedió a los puertorriqueños el derecho a redactar una Constitución para gobernar los asuntos internos del gobierno. El 3 de julio de 1952 el Congreso ratificó, con enmiendas unilaterales, la Constitución de PR y la Convención Constituyente aceptó dichas enmiendas sin consultarle al pueblo.

El Congreso no renunció a su supremacía sobre PR y retiene el poder plenario sobre el Territorio. (Harris vs. Rosario, 1980). La Cláusula Territorial y todas las leyes federales son la Ley Suprema en PR (Rodríguez vs. PPD, 1982). Por lo tanto, el Congreso provee las condiciones para la eventual incorporación de un territorio a la Nación. El Artículo IV de la Constitución establece que el Congreso podrá admitir nuevos estados a la unión, tal como en los plebiscitos del 2012 y 2017.

La Estadidad garantiza autonomía local, los poderes de la soberanía estatal, igualdad ciudadana, progreso económico, y devuelve la dignidad al pueblo de Puerto Rico finalizando (de una vez y [por todas) el estado colonial.

Reafirmo mis expresiones como Delegado de EEUU ante la Asamblea General de la ONU en 1982, “Somos nosotros los puertorriqueños y solo nosotros los que tenemos el derecho y la responsabilidad histórica de decidir nuestro estatus político como Estado de los EEUU. La Resolución 748 de 1953 sostiene que cualquier cambio en las relaciones entre Puerto Rico y los Estados Unidos tomará en cuenta la voluntad del pueblo puertorriqueño y de los Estados Unidos”.

La Resolución 1541 estableció las alternativas de soberanía para que un territorio alcance la plenitud de gobierno propio: (1) Independencia, (2) Independencia con libre asociación a otra nación o (3) integración a otra nación independiente.

Los plebiscitos del 2012 y del 2017 reafirman la voluntad mayoritaria que respalda que PR se convierta en Estado de nuestra nación. En una democracia sólo cuentan los votos de los que participan en el proceso electoral. En el plebiscito del 2012, el 54% rechazó la condición territorial-colonial actual y 61.15% favoreció la estadidad. En el plebiscito del 2017, el 97.18% de los votantes favorecieron la Estadidad.

Hoy celebramos el 4 de julio porque que somos y seremos puertorriqueños y ciudadanos de los Estados Unidos de América. La Ley 600 y la Constitución de 1952 han sido la antesala de la ruta a la estadidad.

Durante décadas nos han considerado como si fuéramos un Estado, incluyéndose en muchos de los programas nacionales. Esa federalización “de jure y de facto” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio incorporado es otro paso irreversible hacia la estadidad.