Reforma tributaria y estatus, lunes 18 de diciembre, 2017
Crisis fiscal, reforma tributaria y estatus, lunes 18 de diciembre, 2017
Hernán Padilla
El desastre de María y la propuesta reforma tributaria federal han hecho evidente el desgaste del modelo económico del “ela” y su incapacidad para logar un crecimiento económico rápido y sostenido que conduzca a la convergencia con la economía nacional.
En el debate sobre enmiendas necesarias a los proyectos de reforma sobresale “tratar las “Controlled Foreign Corporation ( CFC) en PR como domesticas (igual que en los estados) pero con un trato preferencial por ser PR un territorio no incorporado”. Los defensores de esa postura advierten que la reforma tributaria como esta haría daño a PR; y que el gobierno de PR perdería $2,000 millones del ingreso del 4% de las contribuciones que pagan las empresas multinacionales, que representa como 40% de la economía local.
El propósito de la reforma federal era bajar de 32% a 20% las contribuciones federales sobre las ganancias generadas en EEUU, incluyendo las empresas domésticas en PR. El Lcdo. Andrés Córdova, considera que la postura de la Asociación de Industriales sobre la reforma tributaria federal era un asunto “eminentemente económico”, para “evitar pagar contribuciones federales al momento de repatriar sus ganancias”, manteniendo el estatus territorial-colonial”.
El Gobernador Rosselló y los líderes legislativos solicitaron al Congreso “eliminar a PR de la reforma contributiva federal que impone un arbitrio de 20% aplicable a los productos manufacturados por las CFCs que son comprados por sus matrices en EEUU y de 12.5% sobre los activos intangibles utilizados por las CFCs que operan desde PR, porque “no somos un estado con representación política y participación igualitaria en programas federales”. En adición, Jennifer González propuso “fijar una tasa contributiva federal de 5% para las CFCs durante un período de transición de diez años, cuando serían consideradas domésticas”.
Córdova enfatiza que la condición de territorio no-incorporado que niega el trato constitucional uniforme a PR “se articuló para atender asuntos tarifarios y tributarios impuestos a productos de PR que se exportaban al continente”.
También sostiene que la crisis fiscal y económica de PR se deben en gran medida a la “doctrina de no-incorporación” que afecta la estabilidad y crecimiento de la economía.
El economista Jaime Benson considera que el grupo “Frente por PR” abogaba por enmendar la legislación para que se le eximiera a las CFCs del arancel de 20% al exportar sus bienes al continente y de los otros impuestos (10% sobre las ganancias, 12.5% sobre los intangibles y 14% sobre las ganancias obligatoriamente repatriadas), reconociendo explícitamente que NO somos una jurisdicción foránea sino americana.
Para complicar más la situación, el Comité de Conferencias decidió sacar a PR de la legislación de la reforma y se proponen atender los reclamos de PR en un proyecto separado. A pesar de que PR reclamaba una tasa permanente más baja para las CFCs frente a otras jurisdicciones del exterior, se descartó darle ventaja sobre otras jurisdicciones, y también descartaron “extender por 5 años el reembolso del arbitrio federal al ron importado”.
Desde la post-guerra, las ayudas de los programas federales alcanzaron cifras multimillonarias, pero las limitaciones coloniales del ELA y ser un territorio no-incorporado impiden que PR alcance el progreso económico logrado por los estados.
El desastre del huracán, fuga poblacional, pérdida de empleos, crisis económica y la bancarrota fiscal del gobierno obligan a nuestro pueblo a enfrentar una severa crisis existencial. La Reforma Tributaria hace evidente que la incertidumbre sobre nuestro futuro político constituye un gran obstáculo para el desarrollo económico de PR. El Congreso tiene la obligación de acelerar la solución del estatus de PR e implementar un plan para la transición hacia la Estadidad.
La reforma federal no debe ser un obstáculo para que los ciudadanos americanos residentes en PR sean tratados como a nuestros conciudadanos en los estados. Por el contrario, el Congreso debe facilitar la integración de PR a nuestra nación, y garantizar las mismas condiciones, poderes políticos y derechos para alcanzar verdadera igualdad y un desarrollo económico sostenible.