Hernan Padilla

Las condiciones para levantarnos
Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a Puerto Rica y cómo se desembolsa”.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones y la Legislatura no aprobará las reducciones. La JSF implica que la jueza Taylor Swain tendrá que resolver el impasse.

El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la JSF no había certificado los planes fiscales del Gobierno, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados (AAA), Energía Eléctrica (AEE), Carreteras y Transportación (ACT), así como de la Universidad de Puerto Rico (UPR) y la Corporación de Supervisión y Seguros de Cooperativas (COSSEC) con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la JSF, el gobierno federal, el Congreso y hasta de la Jueza Taylor Swain para disponer de fondos especiales. La polémica terminará en el Tribunal Federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro Federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos $4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (COFINA).

Rosselló radicó el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es abarcadora y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. La medida requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta para que sea cónsona con la planificación económica. Es una pieza con gran potencial para levantar a Puerto Rico del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales, comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para sustituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, frenar la evasión contributiva y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Mientras, las pensiones de los retirados continúan como tema de contención entre la JFS y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados. La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la JSF pide más recortes. Aun así, no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas.

Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un alza en el ingreso personal y un 20% en la venta de autos.

Las reformas contributiva y educativa, así como un nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico esencial para salir de la crisis fiscal. Pero, una situación complicada que todavía no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.

El proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al capital no podremos volver a ser la vitrina de Estados Unidos en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

Levantarnos requiere credibilidad y compromiso. Lunes 23 abril, 2018
Hernán Padilla

Reitero mi reclamo: “urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta y el Congreso. En entrevista para El Nuevo Día, la Comisionada Residente dijo que “ésta pelea del gobernador, la Junta Fiscal, y la capital federal lo que puede hacer es alejar la obtención de fondos, las relaciones federales, el que siga fluyendo el dinero a PR y cómo se desembolsa”.

La junta insiste en recortes adicionales, el gobierno se opone a las recomendaciones de la Junta y la Legislatura no aprobará las reducciones. La Junta implica que la Jueza Swain tendrá que resolver el impase.
El gobernador Rosselló informó que el proyecto de presupuesto para el 2018-19 no se había radicado porque la Junta no había certificado los planes fiscales del Gobierno, AAA, AEE, UPR, Carreteras y Transportación y COSSEC con las asignaciones y datos necesarios.

El gobierno central necesita la colaboración de la Junta, del gobierno federal, el Congreso y hasta de la Juez Swain para disponer de fondos especiales. La controversia terminará en el Tribunal federal. Aún está pendiente la trasferencia de fondos del Tesoro federal para el préstamo aprobado por el Congreso por unos 4.85 billones para mantener los servicios esenciales. Para tener acceso a ese préstamo, el Secretario del Tesoro requiere que el Fondo General tenga menos de $1.1 billones en caja, y que el préstamo esté garantizado por los ingresos de COFINA.

Rosselló radico el proyecto para un nuevo modelo contributivo para incentivar el trabajo y promover desarrollo económico. Su propuesta es comprehensiva y cubre los beneficios y las estrategias para lograr los ahorros e ingresos necesarios. El anteproyecto requiere discusión, vistas públicas, insumo de economistas y recomendaciones de la Junta Fiscal para que sea cónsona con la planificación global de la economía. Me impresiona como una pieza con gran potencial de levantar a PR del precipicio fiscal y el marasmo económico.

La reforma busca bajar el IVU y las tasas contributivas a los individuos y corporaciones, así como conceder un crédito por trabajo entre otras medidas que tendrán un impacto beneficioso en su primer año. Se reducen las contribuciones unos $451 millones; y alrededor de $849 millones anuales comenzando en 2023.

Las medidas beneficiarán a los contribuyentes individuales, los negocios y las pequeñas empresas. Para lograrlo, se necesitan nuevos ingresos y ahorros para substituir las reducciones contributivas. Rosselló propone ahorros en incentivos de industrias que no producen, así como evitar la evasión del pago de contribuciones y la validación de gastos reclamados como deducciones.

Las pensiones de los retirados continúan como un tema de contención entre la Junta y el gobierno. El Gobernador reafirma la política pública de pagarle el 100% de la pensión a los retirados, La reforma aumentará la exención anual sobre ingresos de los pensionados de $15,000 actualmente a $25,000, pero la Junta pide más recortes. Aun así no se han presentado estudios actuariales y auditorías certificadas
Queda sin discutir un plan poblacional integral para detener la pérdida de miles de ciudadanos que se van a los estados en busca de una mejor calidad de vida. Por suerte, la infusión de fondos federales provee grandes oportunidades para rescatar la economía. Ya se ha reportado un aumento en el ingreso personal y un 20 % en la venta de automóviles.
La reforma escolar, la reforma contributiva y el nuevo código de incentivos pueden ser clave para impulsar el desarrollo económico tan esencial para recuperar y salir de la crisis fiscal. Una situación complicada que aun no se ha resuelto es la restructuración de la deuda pública, los acuerdos con los acreedores y cuánto del presupuesto se va a destinar para pagar la deuda.
Este proceso requiere buena fe, confianza, credibilidad y compromiso de todas las partes. Mientras no se recupere la credibilidad y se abra el acceso al mercado de capital no podremos volver a ser la vitrina de EEUU en el Caribe. Falta mucho por hacer, pero hay motivos para sentir confianza en un mejor futuro, siempre y cuando se resuelva el fracaso de la AEE.

lunes, 9 de abril de 2018
Una confrontación peligrosa
En junio de 2015 advertí que Puerto Rico presentaba un cuadro económico tétrico: la economía colapsada, desempleo sobre 12.4%, tasa de participación laboral bajo el 40%, desmedida fuga poblacional, índice de pobreza sobre 45%, una alta dependencia de aportaciones federales, déficits presupuestarios crónicos, una deuda pública de $73 billones, sistemas de retiro con deudas actuariales proyectadas de más de $34 billones y la Autoridad de Energía Eléctrica a punto de quiebra. El estatus territorial ha colapsado.

Cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el Banco Gubernamental de Fomento y las corporaciones públicas fue degradada, el exgobernador Alejandro García Padilla reaccionó irresponsablemente con el “me vale”; y cuando el senador Orrin Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, García Padilla contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la expresión separatista de que “Puerto Rico es un país latinoamericano, no somos parte de ustedes y tenemos su ciudadanía por conveniencia”.

Ante el fracaso del Partido Popular para manejar la crisis fiscal, el Congreso exigió que presentaran estados financieros auditados y que explicaran su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno.

El colapso del territorio colonial obligó al Congreso a aprobar la Ley “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa)” y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno insular, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Promesa estableció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no es una agencia del gobierno federal. Tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura. La Junta existirá hasta que se cumplan los requisitos según la Ley Promesa. En cuanto a los sistemas de retiro, si los sistemas no tienen los recursos, la Junta ordenará estudios actuariales de las obligaciones financieras, fondos disponibles e ingresos proyectados y puede tomar las acciones necesarias para garantizar pagos por 30 años.

El gobernador Ricardo Rosselló ha trabajado con la JSF y el gobierno federal para atender la crisis fiscal y el desastre causado por los huracanes Irma y María. La sección 205 de Promesa reconoce que el gobierno establce la “política pública” y la Junta “hace recomendaciones fiscales y financieras” al gobernador y la Legislatura, para promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad administrativa, o eficiencia del gobierno.

Rosselló rechazó los planes de la JSF, sus recomendaciones limitando derechos laborales, eliminando el bono de Navidad, no garantizando el aumento del salario mínimo a $8.25, reduciendo la jornada laboral y la aportación patronal al plan médico, entre otras. Tampoco apoyará la recomendación para recortar las pensiones de los retirados y acusó a la Junta de pedir más sacrificios mientras reclaman un aumento para su presupuesto. Aun así, por requerimiento de la Junta, tendrá que someter enmiendas a los planes fiscales revisados del gobierno central, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Carreteras y Transportación, así como de la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop confrontó y acusó a la Junta de no haber administrado bien las finanzas públicas de Puerto Rico y por falta de interés para lograr acuerdos con los bonistas para reestructurar la deuda. Bishop llegó al extremo de decir que la Junta representaba a los bonistas. Rosselló le contestó al senador. “No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido”, dijo el gobernador.

La confrontación entre el gobierno, la Junta y el Congreso es preocupante. Esto pinta mal. Parece necesario solicitar auxilio de la Corte. De hecho, Rosselló considera solicitar al tribunal que obligue a la Junta a presentar un plan de ajuste de deudas. Urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta, y el Congreso —incluyendo a nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Están en juego la economía de Puerto Rico, la ayuda para reconstruir la isla después del huracán, el desarrollo económico, resolver el futuro político y lograr la igualdad, que solo se obtiene con la estadidad.