Una confrontación peligrosa

lunes, 9 de abril de 2018
Una confrontación peligrosa
En junio de 2015 advertí que Puerto Rico presentaba un cuadro económico tétrico: la economía colapsada, desempleo sobre 12.4%, tasa de participación laboral bajo el 40%, desmedida fuga poblacional, índice de pobreza sobre 45%, una alta dependencia de aportaciones federales, déficits presupuestarios crónicos, una deuda pública de $73 billones, sistemas de retiro con deudas actuariales proyectadas de más de $34 billones y la Autoridad de Energía Eléctrica a punto de quiebra. El estatus territorial ha colapsado.

Cuando la clasificación crediticia del gobierno central, el Banco Gubernamental de Fomento y las corporaciones públicas fue degradada, el exgobernador Alejandro García Padilla reaccionó irresponsablemente con el “me vale”; y cuando el senador Orrin Hatch solicitó estados financieros auditados e informes sobre las finanzas de Puerto Rico, García Padilla contestó que a él nadie le establecía un “ultimátum”, seguido por la expresión separatista de que “Puerto Rico es un país latinoamericano, no somos parte de ustedes y tenemos su ciudadanía por conveniencia”.

Ante el fracaso del Partido Popular para manejar la crisis fiscal, el Congreso exigió que presentaran estados financieros auditados y que explicaran su plan para reducir el gigantismo gubernamental, reestructurar las corporaciones públicas, operar con un presupuesto balanceado, controlar y reducir los gastos del gobierno.

El colapso del territorio colonial obligó al Congreso a aprobar la Ley “Puerto Rico Oversight, Management and Economic Stability Act (Promesa)” y una junta independiente con poderes y autoridad para supervisar las operaciones del gobierno insular, reestructurar la deuda y ayudar a que la isla tenga acceso al mercado de bonos bajo condiciones razonables.

Promesa estableció que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) no es una agencia del gobierno federal. Tiene autoridad para aprobar y certificar los planes fiscales y los presupuestos sometidos por el gobernador y la Legislatura. La Junta existirá hasta que se cumplan los requisitos según la Ley Promesa. En cuanto a los sistemas de retiro, si los sistemas no tienen los recursos, la Junta ordenará estudios actuariales de las obligaciones financieras, fondos disponibles e ingresos proyectados y puede tomar las acciones necesarias para garantizar pagos por 30 años.

El gobernador Ricardo Rosselló ha trabajado con la JSF y el gobierno federal para atender la crisis fiscal y el desastre causado por los huracanes Irma y María. La sección 205 de Promesa reconoce que el gobierno establce la “política pública” y la Junta “hace recomendaciones fiscales y financieras” al gobernador y la Legislatura, para promover estabilidad financiera, crecimiento económico, responsabilidad administrativa, o eficiencia del gobierno.

Rosselló rechazó los planes de la JSF, sus recomendaciones limitando derechos laborales, eliminando el bono de Navidad, no garantizando el aumento del salario mínimo a $8.25, reduciendo la jornada laboral y la aportación patronal al plan médico, entre otras. Tampoco apoyará la recomendación para recortar las pensiones de los retirados y acusó a la Junta de pedir más sacrificios mientras reclaman un aumento para su presupuesto. Aun así, por requerimiento de la Junta, tendrá que someter enmiendas a los planes fiscales revisados del gobierno central, las autoridades de Acueductos y Alcantarillados, Energía Eléctrica, Carreteras y Transportación, así como de la Universidad de Puerto Rico.

El congresista Rob Bishop confrontó y acusó a la Junta de no haber administrado bien las finanzas públicas de Puerto Rico y por falta de interés para lograr acuerdos con los bonistas para reestructurar la deuda. Bishop llegó al extremo de decir que la Junta representaba a los bonistas. Rosselló le contestó al senador. “No permitiremos que usted o la Junta dicten una política pública. Ese es el papel exclusivo del gobierno elegido”, dijo el gobernador.

La confrontación entre el gobierno, la Junta y el Congreso es preocupante. Esto pinta mal. Parece necesario solicitar auxilio de la Corte. De hecho, Rosselló considera solicitar al tribunal que obligue a la Junta a presentar un plan de ajuste de deudas. Urge mayor comunicación y negociación formal e informal entre el Gobierno, la Junta, y el Congreso —incluyendo a nuestra comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Están en juego la economía de Puerto Rico, la ayuda para reconstruir la isla después del huracán, el desarrollo económico, resolver el futuro político y lograr la igualdad, que solo se obtiene con la estadidad.

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