Otro nuevo plan fiscal, lunes 27 de agosto, 2018
Otro nuevo plan fiscal, 27 de agosto, 2018
Hernán Padilla
En el 2014 García Padilla declaro a Puerto Rico en quiebra, obligando al Congreso a crear la Junta de Control Fiscal. Su administración nunca sometió un Plan Fiscal requerido por la Junta.
En enero del 2017, el gobernador presentó a la Junta aprobó su primer Plan Fiscal. También presentó su visión del modelo socioeconómico, pasos para reestructurar la economía y las finanzas públicas, así como múltiples reformas para rescatar y fortalecer a PR, pero los huracanes del 2017 destruyeron la infraestructura y se necesitan billones para reconstruir y levantar la Isla.
Ante las diferencias entre la Junta, el Ejecutivo y la Legislatura de PR en cuanto al presupuesto para el 2018-19, la Junta certificó su propio presupuesto. El Gobierno y la Legislatura demandaron a la JSF. La Junta contestó que “el presupuesto aprobado es cónsono con el plan fiscal certificado y con el estatuto federal.
La Juez Taylor Swain sostuvo el poder de la Junta basado en la Ley PROMESA, y la Junta le requirió al gobierno un nuevo Plan Fiscal y a la Legislatura informes mensuales sobre como gasta su presupuesto y exigió a varias agencias estatales que envíen datos presupuestarios y una reconciliación bancaria mensual. El mandato intensifica las diferencias entre la JSF y la Legislatura, y el Senado requiere informes similares de la Junta. Por el bien de Puerto, urge resolver las diferencias.
El nuevo Plan Fiscal sometido por el Gobernador mantiene el Bono de Navidad para los empleados públicos y rechaza la cantidad de la reducción de las pensiones Propone ajustes en gastos de personal por unos $290 millones y $57 millones en beneficios del plan médico para que sean efectivos en el 2020.
El gobierno calcula $200 millones menos en gastos del programa de MI Salud; redistribuye $32,8 millones de otras agencias al Departamento de Seguridad; garantiza aumentos de salario a los maestros y policías; y reduce el recorte de gastos de personal de la policía y del Departamento de Salud.
Rosselló sostiene que “Este Plan Fiscal revisado insiste en los fondos que necesitamos para nuestro progreso y la protección de los sectores más vulnerables como nuestros pensionados y empleados públicos”.
Contrario a lo solicitado por la junta fiscal, el gobierno proyectó menos gastos en Medicaid; y aumentó la sostenibilidad de la deuda por unos $5,000 millones adicionales al acordado con los bonistas de COFINA para un pago de $32,300 millones y un pago anual de $620 millones durante 20 años y $806 millones en 40 años. El Plan Fiscal de Rosselló contempla un aumento en fondos federales y recuperación de fondos de las aseguradoras privadas de $62.3 Billones a $88 Billones en un periodo de 14 años.
El Plan de Rosselló apunta hacia una perdida poblacional de 11.2% y una población de 2,953,000 personas en 6 años. Peor aún, expertos predicen una población de solo dos millones en el 2050. Miles de ciudadanos buscan trato igual y aspiran a tener los mismos derechos constitucionales, voto y representación en el gobierno federal, así como seguridad, servicios de salud, educación, empleos y estabilidad.
El gobierno ignora el impacto social y económico de esa disminución poblacional y no han adoptado un Plan Poblacional para retener y atraer nueva población, tan necesario para un desarrollo económico sostenible.
Por suerte para la economía y los pequeños negocios en Puerto Rico, una nueva legislación federal concede un crédito o reintegro de $2,400 a los negocios en los Estados y hasta $1,920 por cada empleado retenido y a quien se le haya pagado durante la emergencia. Este beneficio federal puede representar entre $20,000 a $40,000 para las PYMES para compensar por gastos incurridos. Los $300 millones federales han beneficiado a cerca de 6,000 negocios.
Bajo el estatus territorial, el Congreso nos da un trato desigual. Urge garantizar a los puertorriqueños en la isla los mismos derechos y oportunidades que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados, que solo se logra convirtiendo a PR en otro Estado de la Unión.