Hernan Padilla

Referéndum descolonizador en Puerto Rico

Hernán Padilla

El “Informe del Grupo de Trabajo sobre el Estatus de Puerto Rico” brinda una gran oportunidad a la Administración del Gobernador Fortuño a tomar acciones enérgicas y coordinadas con el Gobierno Federal en la búsqueda de soluciones a varios de los problemas que aquejan a Puerto Rico.

Aunque el Informe es solo uno con recomendaciones al Presidente, su contenido merece análisis objetivo y discusión abierta, madura y ponderada de cada uno de los planteamientos. La debilidad de este Informe es que el Grupo de Trabajo no tiene función Ejecutiva y muchos menos un mandato Congresional.

El Grupo de Trabajo interpreta que “el estatus sigue siendo de suma importancia para el pueblo de Puerto Rico”, se compromete  con “el objetivo de resolverlo en un periodo corto” y sentencian que “es hora de que Puerto Rico de el próximo paso”.

El informe confirma que la “libre asociación es un tipo de independencia”, un pacto basado en la soberanía nacional de cada país que puede ser revocado unilateralmente y en cualquier momento, algo parecido al estatus de la Republica de las Islas Marshall y la Republica de Palau.

Para los defensores y promotores del ELA, queda claro que el Congreso puede alterar la relación con Puerto Rico unilateralmente, incluyendo declarar a Puerto Rico una republica independiente. La autoridad constitucional exclusiva, jurídica, política y plenaria es el Congreso. Los territorios sin incorporar y las colonias como el ELA no son y nunca serán permanente. Punto.

Es inaceptable que el Grupo de Trabajo no le dedique una sola palabra a la Resolución 1541 de las Naciones Unidas, a los Principios de Descolonización ni a las formulas aceptables para resolver un estatus colonial.

Las únicas alternativas de soberanía reconocidas por las Naciones Unidas y la comunidad internacional para que un territorio alcance la plenitud del gobierno propio son: cuando pasa a ser una Republica o Estado Independiente y soberano; cuando establece una libre asociación con otra nación o  Estado Independiente; y cuando se integra a otra nación independiente, como los cincuenta Estados de la Federación de Estados Unidos de America. Política e internacionalmente, el ELA es la última colonia del planeta.

El ELA esta en quiebra moral, social y económica. El modelo colonial fracasó como solución política. Aunque el Grupo de Trabajo del Presidente y un sector político de Puerto Rico prefiere que se le consulte al electorado sobre si desea continuar con el estatus transitorio, territorial y colonial actual, el Partido Nuevo Progresista, el partido de mayoría en Puerto Rico, propone legislar una consulta plebiscitaria entre Estadidad, Independencia y Republica Asociada. Ahora comienza el debate de cómo llevar a cabo un plebiscito.

Ante un Congreso que no puede aprobar un presupuesto, atender la deuda publica federal, manejar las guerras de Afganistán, Irak y Libia, reducir un desempleo de más de 9%, ni solucionar la crisis económica, dudo que se ocuparán del estatus de Puerto Rico.

A menos que Puerto Rico obligue al Congreso y al Presidente a ponerle fin a la colonia, no lo harán si la mayoría que quiere un cambio político no se manifiesta enfática y contundentemente. La solución política para la Isla y los Estados Unidos es convertir a Puerto Rico en el Estado 51.

Asfixiados por el petróleo

Hernán Padilla

Ante nuestros ojos se desarrolla la gran transformación mundial del Siglo XXI. El levantamiento en Egipto, la masacre en Libia, la inestabilidad de los gobiernos en el medio oriente y la crisis geopolítica afecta los mercados mundiales del petróleo.

Algunos sectores del pueblo puertorriqueño viven en una burbuja de confianza, como si el problema fuera ajeno. Los últimos sucesos y su efecto sobre el precio de la gasolina  comprueban que estamos equivocados.

Aunque el precio del barril de petróleo ha bajado después del terremoto en Japón, una mayor demanda mundial y la política energética del Presidente Obama que limita la exploración  de petróleo en los Estados Unidos traerá como consecuencia un aumento progresivo del precio. En Puerto Rico se siente la inflación en el aumento de muchos productos de primera necesidad y la gasolina.

Puerto Rico vive dependiente del aceite de petróleo: 69% de toda la energía se produce con aceite de petróleo, 15% con gas natural, 15% con carbón y solo 1%  con energía renovable. La AEE importa más de $2,000 millones (dos billones) de combustible derivado del petróleo anualmente. Por cada $10 de aumento en el petróleo la economía de Puerto Rico siente un impacto negativo de más de $700 millones al año y la factura de la luz aumenta $12.29 mensual para una familia que utiliza solo 800MW al mes.

El impacto del aumento del precio del petróleo, la gasolina y el diesel será devastador. La gasolina subirá a más de $4.00 el galón ($1.00 por litro). En la Isla hay más de 3,020,078 vehículos de motor registrados, incluyendo 2,311,686 automóviles privados, 29,999 vehículos estatal y municipal,  64,490 para alquiler y 348,078 de carga que consumen más de un billón, (1,084 millones de galones) de gasolina y 250 millones de galones de diesel anualmente, contaminan el ambiente y afectan la salud de toda la población.

La contradicción de perder población y aumentar el número de vehículos debe obligar a un debate vigoroso sobre la política pública de importación de vehículos a la isla y su impacto sobre la economía, transporte colectivo y el Plan de Uso de Terrenos. En el 2010 se importaron 95,883  vehículos de motor nuevos, con un posible costo de $3 billones, sin contar el consumo de gasolina. Tantos vehículos requieren más carreteras e inversiones $billonarias en infraestructura.

El aumento en costo de la transportación y los productos relacionados al petróleo y la inflación afectará a las familias más necesitadas, las  industrias, comercios y el costo de todos los servicios esenciales en Puerto Rico. El precio de los comestibles, plásticos, ropa, alojamiento y hasta el cuidado medico le hará la vida más difícil a los desempleados, a los que viven por debajo del nivel de pobreza federal y a la clase media.

Urge implantar un masivo programa de conservación de energía en las agencias del gobierno. Necesitamos educar objetiva y eficientemente al pueblo puertorriqueño sobre ésta nueva realidad económica. La estrategia debe ser reducir el consumo de energía eléctrica, petróleo, gasolina y diesel por todos los medios posibles. Aunque costoso, un sistema de semáforos sincronizados en la avenidas con más transito ayudaría el movimiento vehicular y economizaría millones de galones de gasolina.

Ante ésta crisis, es impostergable buscar una solución pragmática, realista, a corto plazo y costo-eficiente que minimice nuestra dependencia al petróleo y el peligro de la inflación que se avecina. Es necesario acelerar los proyectos de energía renovable que generarán 700 MW y estimular las alianzas público privadas para producir energía eólica, solar y fotovoltaica. Tenemos una obligación moral con las generaciones futuras. Debemos considerar el gas natural como medida de transición para proteger el ambiente, abaratar costos y bajar la factura de la energía eléctrica.

Cocaína Capitolina

Hernán Padilla

El 25 de febrero, viernes negro legislativo, fue un día de desvergüenza, bochorno colectivo, y rabia moral para un pueblo que vive atemorizado por la corrupción,  criminalidad y deterioro social.

El Líder de la Mayoría de la Cámara de Representantes dio positivo para Cocaína. El Sargento de Armas, el funcionario a cargo del orden en la Cámara, también renunció, alegadamente por usar marihuana. Es  un golpe bajo, sucio y lastimero en contra de las aspiraciones de un pueblo que quiere encontrar paz y tranquilidad. Es una puñalada trapera contra la confianza que debe sentir un pueblo hacia sus gobernantes. Terminó la mentira y la decepción de un violador de la ley, el orden y decencia.

No es posible que la DEA, la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia puedan defender a un pueblo aterrorizado, cuando en la Casa de las Leyes un mal llamado líder legislativo compra y consume cocaína y no delata al suplidor.

La responsabilidad constitucional primordial del gobierno es garantizar la seguridad a sus ciudadanos. La Legislatura fracasó moralmente ante el pueblo. En el cuatrienio, cuatro legisladores han sido forzados a renunciar, uno está preso y otro está defendiéndose de una acusación federal. Estos  casos evidencian la corrupción endémica, sin distinción de colores, del Capitolio insular.

Drogadicción es una enfermedad que requiere tratamiento médico y rehabilitación. En el caso de un Legislador con el poder de encaminar los proyectos de ley no sabemos si la enfermedad conduce a la corrupción moral o la corrupción es el comienzo de la enfermedad.

Adicción a cocaína comienza y prospera ligada a la adicción a otras drogas, marihuana y alcoholismo en muchos casos. La persona lleva una doble vida. Oculta su condición detrás de la mentira y engaño. Viven amparados bajo la sombra de  un mundo criminal. Victimas fáciles del crimen organizado. Compran drogas a escondidas. Se codean y se relacionan socialmente con los perversos que destruyen las esperanzas de la juventud. El peligro de la sociedad es claro, inminente y catastrófico.

Los ciudadanos-electores confían que la conducta de los funcionarios electos sea honesta y honorable. Crespo violó flagrantemente el Código de Ética de la Cámara. Pisoteó el mandato que “los Representantes observarán siempre una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público”. Violó el juramento de defender la Constitución contra todo enemigo, como son los narcotraficantes.

Conoce los criminales a los que les compra la droga. Viola la ley cuando no acusan a los narcotraficantes. Es pura corrupción. Las renuncias deben ser solo el inicio del trámite penal delictivo ante las esferas insulares y federales.

Reitero mi señalamiento de la pérdida de decencia y el comportamiento honorable. El liderato político ha claudicado de su responsabilidad para atacar la avaricia y la corrupción. Ante el cuadro de descalabro social, corrupción, criminalidad y desvergüenza que sufre el país hacen falta personas honradas y respetuosas de la ley que reconozcan el privilegio de representar en una democracia y sean ejemplos modelos de buenos ciudadanos.

Apoyo enérgicamente a una madre agraviada cuando asevera que este pueblo tiene que tener la valentía de indignarse y tomar acción en contra de los legisladores corruptos sin distinción de ideologías y partidos políticos;  apoyo también la maestra que se siente desmoralizada y sentencia  que estos eventos son nefastos para la educación.

Jenniffer González ordenó la prueba de drogas. Muestra verdadero liderato, sin ampararse en el amiguismo y preferencia política. Nunca antes, un Presidente de la Cámara ha destituido u obligado a tres legisladores y al Sargento de Armas a renunciar por violaciones de Ley y de Ética. Que tomen nota los que no han entendido el mensaje de honestidad y rectitud que demanda el pueblo de Puerto Rico.