Hernan Padilla

U.S. Citizenship and Puerto Rico

On March 2nd, it will be 96 years since the Jones Act, the 1917 Organic Law of Puerto Rico, gave U.S. citizenship to Puerto Ricans. Those that were not citizens of the United States were granted statutory citizenship according to the powers of the President and U.S. Congress.

As such, since March of 1917 and until January of 1941, the children of those who voluntarily became U.S. Citizens under the Jones Act, were considered “de jure” citizens (by law) and not by naturalization. This is statutory citizenship rather than citizenship arising from birth or naturalization in a state of the Union under the 14th Amendment of the U.S. Constitution.

In 1922, the Supreme Court of the United States (SCOTUS) ruled that Puerto Rico was an unincorporated territory. (Balzac v. Puerto Rico) The court determined that the Constitution and Bill of Rights did not apply in territories, such as Puerto Rico, in full force as it did in the states of the union. By doing so, the Supreme Court excluded Puerto Ricans (U.S. citizens) residing in Puerto Rico from equal protection under the U.S. Constitution.

The Immigration and nationality Act of 1940, (Naturalization Act, Jan 1941) guaranteed that all persons born in a jurisdiction subordinate to the United States, including the territory of Puerto Rico, would be citizens of the United States.

Nevertheless, it was not until 1952 that President Truman officially recognized that “a person who was born in Puerto Rico after January 13, 1941, was a native (natural) citizen of the United States.”

In 1947, Public Law 362 (Governor Elect Act), expanded the scope of the Constitution of the United States to Puerto Ricans and established that the rights, privileges and immunities of the United States will be respected in the territory of Puerto Rico to the same extent as if Puerto Rico were a state of the Union subject to the provisions of Article IV of the Constitution. However, Puerto Ricans (American Citizens) who reside in Puerto Rico do not enjoy all of the rights enumerated and the immunities guaranteed by the Constitution to all other U.S. citizens who reside in any of the 50 states of the Union.

In effect, the SCOTUS decision defined a second class citizenry in Puerto Rico and established a condition of geographic segregation that denies U.S. citizens, Puerto Ricans included, residing in the island the right to vote for President and Commander in Chief of the U.S. Armed Forces.

U.S. Citizens who reside in U.S. Territories, like Puerto Rico, are denied other political rights and from participating in the constitutional structure of government; are denied the right to be considered equal in status and to the same benefits under federal law; cannot participate in federal/national elections; cannot elect Congressmen and Senators; and do not have the U.S. citizenship guaranteed for future generations.

We are second-class citizens of a colonial territory legally and constitutionally flawed and limited in authority. The critical thinking of Dr. Martin Luther King in the civil rights struggle still resonates, “who is deprived of his constitutional rights becomes a foreigner in his own country.”

We believe that U.S. citizens residing in Puerto Rico should have the same rights, responsibilities and opportunities enjoyed by U.S. citizens in all fifty states of the Union.

Regardless of past achievements, the residents of Puerto Rico are subject to a political system that denies them full equality under the law and U.S. Constitution as citizens of the United States and direct participation in the national government.

The people of Puerto Rico voted in a democratic, honest and fair referendum held on November 6th, 2012, The U.S. citizens of Puerto Rico rejected the consent of the governed for the current territorial status, defeated the current territorial status and voted in favor of statehood.

** Hernan Padilla, MD, Former Mayor of San Juan, Former President of the U.S. Conference of mayors and President of Igualdad ( Equality), a non-partisan organization that endorses statehood for Puerto Rico

Honramos al prócer, amigo y defensor de la ciudadanía americana y la estadidad Don Luis A Ferre.

El 2 de marzo se cumplirán 96 años desde que el Acta Jones, la Carta Orgánica de 1917, le otorgó la ciudadanía americana a los puertorriqueños.
Se les concedió una ciudadanía estatutaria voluntaria a los que no eran ciudadanos de los Estados Unidos y de acuerdo a los poderes que tienen el Presidente y el Congreso.

Como tal, desde marzo del 1917, hasta enero del 1941, los hijos de los que se convirtieron en ciudadanos bajo el Acta Jones se consideraban ciudadanos de “jure” y no por naturalización.

En 1922, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó que Puerto Rico era un territorio no-incorporado. (Balzac vs. Puerto Rico) Determinó que la Constitución no aplicaba en los territorios con la misma fuerza (full force) que en los estados de la unión y excluyó a los puertorriqueños-ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico de la misma protección de la Constitución.

El Acta de Naturalización de 1941 garantizó que todas las personas que nacen en una jurisdicción subordinada a los Estados Unidos, incluyendo el territorio de Puerto Rico, serían ciudadanos de los Estados Unidos.

No obstante lo anterior, no fue hasta 1952 que el Presidente Truman reconoció oficialmente que “toda persona que hubiera nacido en Puerto Rico después del 13 de enero del 1941, era ciudadano natural de los Estados Unidos”.

En el 1947, con la Ley Pública 362, (Ley del Gobernador Electo), se expandió el alcance de la Constitución de los Estados Unidos a los puertorriqueños y se estableció que los derechos, privilegios e inmunidades de los Estados Unidos se respetarán en el territorio de Puerto Rico hasta el mismo grado que si Puerto Rico fuese un estado de la Unión sujeto a las disposiciones del Articulo IV de la Constitución. Pero, los puertorriqueños no gozan de todos los derechos enumerados y las inmunidades que garantiza la Constitución a los demás ciudadanos americanos.

Esta decisión definió una ciudadanía de segunda clase en Puerto Rico y estableció una condición de segregación geográfica que le niega a los ciudadanos americanos residentes en la isla a votar por el Presidente y Comandante en Jefe de la Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

En efecto, se creó la condición de discrimen y segregación geográfica que apuntala el déficit democrático que limita los derechos ciudadanos y civiles de los puertorriqueños.

A los ciudadanos de un territorio, como Puerto Rico, nos niegan otros derechos políticos y la participación de la estructura constitucional; les niegan el derecho a considerarse iguales en su condición y a los mismos beneficios bajo las leyes federales; participar en las elecciones federales/nacionales; elegir Congresistas y Senadores; y tener la ciudadanía americana garantizada para futuras generaciones.

Somos ciudadanos de segunda clase de un territorio colonial jurídica y constitucionalmente imperfecto y limitado en autoridad. Resuena todavía un pensamiento crítico del Dr.Martin Luther King en su lucha por los derechos civiles: “a quien se le priva de sus derechos constitucionales se convierte en extranjero en su propia nación.”

Creemos que los ciudadanos de los Estados Unidos que residen en Puerto Rico deben tener los mismos derechos, responsabilidades y oportunidades que disfrutan los Ciudadanos Americanos en los cincuenta estados de la Unión.

No importa los logros anteriores, los residentes en Puerto Rico están sujetos a un sistema político que le niega igualdad absoluta como ciudadanos de los Estados Unidos y participación directa en el gobierno nacional.

Puerto Rico se manifestó en el plebiscito del 6 de noviembre. Rechazó el status territorial y solicitó un cambio de status político. Hoy honramos al Gobernador Luis A Ferré, defensor de la estadidad, el único status que garantiza constitucionalmente la ciudadanía de los Estados Unidos para las generaciones futuras.

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El pueblo puertorriqueño aspira a tener servicios de salud accesibles, de calidad, que le brinden una vida física y mental saludable.

La nueva Administración debe de examinar las estadísticas del CDC del 2005-2008. Confirman que en Puerto Rico existía una alta incidencia de alcoholismo y adicción a drogas, hipertensión, adultos con limitaciones físicas y muertes por SIDA.

Puerto Rico obtuvo la distinción ser primero en la nación con adultos asmáticos, pero más del 60% de los asmáticos se manejaban con medicamentos inapropiados. Segundo en diabetes, pero a la mayoría de los diabéticos no le hacían las pruebas indicadas y el 82% de los diabéticos no tenía el azúcar bien controlada.
En noviembre del 2005, la Comisión Para Evaluar el Sistema de Salud de Puerto Rico concluyó que no existía articulación ni colaboración entre las agencias que administran los fondos públicos para la salud,

El Informe al Gobernador Acevedo Vilá sentenció que no existía una declaración de política pública para la promoción, prevención, y protección de la salud y que tampoco existía una política pública que apoyara la educación de profesionales de salud y que se había ignorado la Ley de Centros Médicos Académicos Regionales para que las escuelas de medicina y los centros médicos ofrecieran enseñanza para especialistas y profesiones aliadas a la salud.

Para el 2008, 40,000 menores no tenían seguro de salud que ofreciera servicios médicos preventivos, curativos y de rehabilitación; 400,000 ciudadanos no contaban con un seguro; el acceso a médicos primarios y especialistas era limitado y el costo de los seguros, medicinas y servicios médico-hospitalarios era prohibitivo para gran parte de la población.

Ante esa descripción simplista del pasado, la nueva administración propone “crear una Junta de Reguladora y Evaluadora del Sistema de Salud de Puerto Rico” para realizar las funciones que por Ley corresponden al Comisionado de Seguros y de la Administración de Seguros de Salud.

Además, le asignará a esa nueva entidad burocrática la responsabilidad de brindar “Acceso Universal” al Sistema de Salud, mediante una cubierta general uniforme de “beneficios y tratamientos esenciales”; disponiendo que la persona, familia o grupo que desee recibir cubierta adicional por servicios y tratamientos deberá pagar por los mismos, añadiendo cobertura adicional a su plan de cubierta general.

Ojala que este compromiso no imponga racionamiento de servicios y costos adicionales para toda la población, especialmente de menos recursos económicos.

Es necesario que los que diseñen la nueva política pública sobre salud entiendan que los programas de salud en la Isla dependen significativamente de los fondos federales aprobados por el Congreso y sin los cuales más de 1.5 millones de puertorriqueños no recibirían servicios de salud.

La Administración de Seguros de Salud, que contrata y negocia las cubiertas de beneficios de salud física, mental, oral y farmacia para la población cubre 1,633,423 asegurados. El Plan de Salud del Gobierno (física, mental, dental y farmacia) incluyendo Medicaid cubre 39% de la población. En comparación, el promedio de la cubierta en los 50 estados es de 17%.

Sugiero que comiencen estudiando el origen y cuantos fondos sostienen el sistema de salud publica en Puerto Rico.

Para este año fiscal cuenta con $1,077,375,000 de fondos federales de “Medicaid”, “State Children Health Insurance Program” y “Prescription Drug Program Payments”. Se incluyen además, fondos gestionados por la administración anterior para adicionar entre 50,000 a 150,000 nuevos asegurados. También para garantizarle el acceso a los servicios médicos hospitalarios bajo la cubierta del Plan Mi Salud a todos los asegurados certificados como elegibles por la Oficina de Medicare.

Antes de proponer cambios al sistema de salud, es necesario adoptar un proceso abarcador que considere las aspiraciones, necesidades, expectativas, recursos, condición económica, limitaciones, el costo proyectado y los fondos necesarios para garantizar y cumplir con un “modelo de salud o acceso universal”.

Land: Puerto Rican statehood ‘civil rights issue’
Posted on Jan 31, 2013 | by Tom Strode
WASHINGTON (BP) — Statehood for Puerto Rico is a moral and human rights issue, Southern Baptist ethicist Richard Land says.

The Ethics & Religious Liberty Commission’s president joined in a Jan. 29 news conference to launch an effort to urge conservatives to support Puerto Rican statehood.

Puerto Rico, an island in the Caribbean Sea, became a United States territory after the Spanish-American War of 1898. Puerto Ricans became U.S. citizens in 1917, serve in the American military and pay some federal taxes, but they cannot vote for president and have no voting representation in Congress.

For Land, the U.S. Supreme Court’s past, discriminatory treatment of Puerto Rico prompted him to endorse giving its citizens the right to approve statehood. He cited a series of Supreme Court rulings, known as the Insular Cases, between 1901 and 1922 that established Puerto Rico as an unincorporated territory, unlike such incorporated territories at the time as Alaska and Hawaii. He also pointed to those rulings’ similarity to an infamous 1896 high court opinion, Plessy v. Ferguson, that upheld racial segregation and what were known as Jim Crow laws through its “separate but equal” doctrine.

As Land studied the Puerto Rican issue, he became convinced it is “a moral issue” and “a civil rights issue,” he said at the news conference.

“Being for Puerto Rican statehood is like being against Plessy v. Ferguson,” Land told Baptist Press afterward. “The same court that gave us Jim Crow gave us a new judicially created territorial status for Puerto Rico that was different than the territorial status that was currently the situation of Arizona and New Mexico and Hawaii and Alaska at the time only because they were Hispanic and different and thus should be segregated and made separate but equal. They were made separate but not equal.”

The Constitution never intended for the United States to have “two classes of territories” or “first-class and second-class citizens,” he told reporters.

“It’s well past time for us to correct the racist, segregationist creation of a long-forgotten Supreme Court and to live up to the promises of our founding documents and redeem those promises for the people of Puerto Rico,” Land said.

Niger Innis, national spokesman for the Congress of Racial Equality, also criticized the Insular Cases at the news conference, saying they effectively placed Puerto Rico in a “metaphysical purgatory.”

Former Puerto Rican Gov. Luis Fortuno told reporters the issue is a “moral imperative.”

“[T]his is a civil rights issue that has to be addressed and solved in the coming years,” he said.

Statehood for Puerto Rico, which has a population of 3.7 million people, would require Congress and the president to enact legislation enabling the island’s citizens to determine their future.

The Latino Partnership for Conservative Principles, which sponsored the Washington, D.C., news conference, pointed to a November vote as evidence Puerto Ricans support statehood.

On a two-question, non-binding ballot, Puerto Ricans voted 54 to 46 percent against continuing as a territory or commonwealth. On the second question, 61 percent voted in favor of statehood, while 33 percent chose being freely associated with the United States and five percent favored independence. Nearly 500,000 people who voted on the first question declined to express an opinion on the second one, however.

The campaign for Puerto Rican statehood is different than the effort by some to make the District of Columbia a state, news conference speakers said. America’s founding fathers wanted the country’s capital to be a district, Fortuno said. A constitutional amendment would be required for D.C. to become a state, while a majority vote in Congress would be needed to enable Puerto Rico to become a state, he said.

The effort to rally conservative support for Puerto Rican statehood will include educational forums and advocacy in Congress, according to the Latino Partnership.
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Tom Strode is Washington bureau chief for Baptist Press. Get Baptist Press headlines and breaking news on Twitter (@BaptistPress), Facebook (Facebook.com/BaptistPress ) and in your email ( baptistpress.com/SubscribeBP.asp).