Archive for July, 2013

Asamblea Constitucional de Status; Jose Rodriguez Suarez, reproducida de29/03/12

El plebiscito: democrático, constitucional, seguro

29 de marzo de 2012 – Opinión – José Rodríguez Suárez, Colaborador
No podemos seguir posponiendo la decisión sobre el estatus político de Puerto Rico. Por eso, ante la falta de acción del Congreso, el gobernador Fortuño firmó una ley para llevar a cabo un plebiscito. Podremos expresar, primero, si deseamos mantener el estatus territorial y, luego, nuestra preferencia entre las tres opciones de gobierno propio reconocidas por el Informe del Grupo de Trabajo del Presidente y la Resolución 1541 (XV) de la Asamblea General de la ONU: estadidad, independencia y libre asociación.

Algunos tratan de restarle legitimidad al plebiscito y proponen la llamada ‘asamblea constitucional de estatus’ que también han denominado ‘asamblea constituyente’. Mediante tal asamblea, un grupo de personas, a nombre del Pueblo, gestionaría un cambio de estatus sin que el mismo hubiera sido solicitado previamente a través del voto mayoritario de los puertorriqueños. Esto sería antidemocrático, contrario a la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de Estados Unidos, y supondría un peligroso desafío al Congreso.

La llamada ‘asamblea constitucional de estatus’ es antidemocrática porque despojaría a los ciudadanos del voto directo para procurar un cambio de estatus.

Pero también es un engaño. En primer lugar, la Constitución no está vinculada a una opción de estatus. Y así lo ha reconocido el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Llaman ‘constitucional’ o ‘constituyente’ a la asamblea que proponen, precisamente para tratar de disimular el hecho de que sería inconstitucional.

José Trías Monge, reconocido como uno de los principales arquitectos de la Constitución de Puerto Rico, escribió en P.S.P v. E.L.A. que “[e]ra a la ciudadanía en sí y no a sus representantes en la Convención Constituyente… que se le estaba reconociendo la facultad de pasar juicio sobre cualquier género de modificación sustancial a su estatus político”. Si la Convención Constituyente no estaba facultada para considerar un cambio en el estatus, ningún otro cuerpo representativo del Pueblo, como una asamblea de estatus, tendría la autoridad para hacerlo.

La Constitución de Puerto Rico, así interpretada, no admite que el Pueblo se sirva de representantes o intermediarios para actuar sobre una posible modificación al estatus de la Isla. Solamente faculta a la Asamblea Legislativa a disponer la celebración de plebiscitos.

Por eso el gobernador Fortuño reconoció en su programa de gobierno el derecho del Pueblo “a que el gobierno no inicie ninguna gestión para cambiar el estatus que no haya sido solicitada previamente mediante el voto individual y directo de la mayoría de los puertorriqueños en un plebiscito”.

Por otro lado, solamente el Congreso puede disponer sobre una modificación del estatus político de Puerto Rico en el ejercicio de los poderes que le confiere el Artículo IX del Tratado de París de 1898, y el Artículo IV, Sección 3, de la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo el poder para admitir nuevos estados y disponer de los territorios.

La Convención Constituyente mediante la cual se redactó la Constitución de Puerto Rico fue convocada porque así lo autorizó el Congreso mediante la Ley Pública 600 de 1950. Y el Congreso ya había dispuesto la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos en la misma Ley 600. Es por tal razón, que la Convención Constituyente no estaba facultada para pasar juicio sobre el estatus político de la Isla.

Y para que los límites de la autoridad de cualquier futura convención constituyente convocada por la Asamblea Legislativa quedasen absolutamente claros, en la Ley Pública 447 de 1952, el Congreso enmendó la Constitución de Puerto Rico para disponer que cualquier enmienda debe ser compatible con la Ley Pública 447, las disposiciones aplicables de la Constitución de los Estados Unidos, la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico, y la Ley Pública 600.

Con esa disposición, el Congreso se reservó el derecho exclusivo a determinar cualquier cambio que pudiera hacerse al estatus de Puerto Rico. Por lo tanto, para que la Asamblea Legislativa pueda convocar una asamblea de estatus, el Congreso tendría que autorizarlo expresamente. Esa es la razón por la que, en un mensaje pronunciado el 2 de junio de 2000, Rafael Hernández Colón propuso “una Constituyente facultada por el Congreso”.

Finalmente, la asamblea de estatus representa un peligroso riesgo. Para empezar, debe causarnos sospecha que un proceso ideado por propulsores de la independencia para que Puerto Rico pueda obtener la soberanía nacional requiera el ejercicio de la misma soberanía que buscan. Es decir, que convocar una asamblea de estatus llevaría implícita una declaración de independencia. Además, convocar una asamblea de estatus sería interpretado por el Congreso como un reto directo a su autoridad. Y desafiar al Congreso a través de un acto de soberanía nacional es demasiado riesgo para Puerto Rico.

La única forma de evitar que otros decidan por uno es ejerciendo nuestro derecho individual al voto directo. El plebiscito es el proceso democrático, constitucional y seguro para decidir nuestro futuro político. Por eso, votemos todos en el plebiscito y pongamos fin, de una vez y por todas, a la indignidad de un estatus desigual.

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Honrando a Ferre y a Barbosa, 07/27/13

Honrando a Barbosa y Ferre: Estado 51
•Actualiza: Columna original publicada en Guía Electoral, 2 de noviembre, 2012

La consulta plebiscitaria fue definitoria. La unión permanente con los Estados Unidos estaba en juego en las elecciones. Solo la Estadidad garantiza la protección Constitucional de la soberanía estatal y la ciudadanía americana a las futuras generaciones.
Nuestro ideal es lograr la igualdad de los derechos civiles que disfrutan los otros ciudadanos americanos; garantizar constitucionalmente la ciudadanía americana; la participación plena en las tres ramas del gobierno federal y las mismas oportunidades de progreso y desarrollo socio-económico que tienen los 50 estados federados.
Contrario a los soberanistas, NO queremos continuar bajo un status territorial y colonial. Tampoco queremos ser “una NACION” independiente, separada y distinta a los Estados Unidos.
Defendemos los postulados de la Constitución de los Estados Unidos, la existencia de la Corte Federal y el Tribunal Supremo, que son los guardianes de nuestras libertades, derechos y privilegios que nos brinda nuestra ciudadanía.
NO queremos vivir en una republica extranjera huérfana de protección de las agencias federales que combaten la criminalidad y el narcotráfico, hacia donde nos quieren llevar los opositores de la estadidad.
Jurídico
La Ciudadanía concedida mediante Ley a los puertorriqueños es de carácter estatutario y la pueden perder las futuras generaciones. En cambio, la ciudadanía adquirida por virtud de nacer en un Estado de la Unión es permanente, inalterable, y de carácter constitucional.
El Congreso tiene poder incuestionable sobre el ELA territorial colonial. El ELA soberano y la republica Asociada no tienen cabida alguna bajo la Constitución de los Estados Unidos de América. Antes que Estados Unidos considere un “tratado internacional” (no un pacto como alega AGP) con la nueva República que puede ser revocado unilateralmente por el Congreso, tendríamos que rechazar la unión permanente, pedir la independencia y convertirnos en una república independiente.
La verdadera soberanía a la cual aspiramos es la soberanía del Estado Federado, claramente definida en la Constitución de los Estados Unidos y con poderes mucho más amplios que los que posee el ELA colonial.
Como Estado 51, Puerto Rico tendrá los poderes señalados en la Constitución de Puerto Rico y todos los poderes reservados a los 50 estados en la Constitución de los Estados Unidos, incluyendo votar por el Presidente y el poder de un estado con cinco Congresistas y dos Senadores.
Cultura
No existe impedimento constitucional para admitir a la federación un estado hispano. La Constitución Americana y el “Voting Rights Act” le garantizan al futuro Estado 51 de Puerto Rico el poder para mantener el inglés y el español como nuestros idiomas oficiales.
Queremos retener nuestro idioma y nuestra identidad puertorriqueña, que nacen de habernos desarrollado inmersos en dos culturas, la puertorriqueña del siglo 19 y la cultura americana durante todo el siglo 20.
La cultura y la identidad puertorriqueña se fortalecerán con la estadidad, pero sin separarnos de la soberanía nacional de los Estados Unidos. Hemos mantenido nuestra cultura, costumbres, idioma e idiosincrasia bajo la bandera americana durante 114 años.
La importancia del idioma no puede relegarse a un segundo plano. La cultura y nuestro vernáculo, del cual nos sentimos orgullosos, no son impedimentos para admitir a Puerto Rico como el Estado 51. Nuestra nación americana NO tiene un idioma oficial y ninguna iniciativa por establecer un idioma único y oficial ha prosperado a nivel nacional.
Economía
La Casa Blanca sostiene que el “status y la economía están estrechamente vinculadas”. La estadidad es la única fórmula política-económica que estimulará la inversión de fondos privados, federales y locales para sacar a Puerto Rico del barranco económico del ELA territorial. Sólo con la estadidad tendríamos representación para proteger a Puerto Rico contra futuros recortes presupuestarios,
Solo con la Estadidad lograríamos igualdad respecto a fondos federales. Recibiríamos más de $17,500 millones adicionales en Medicare, Medicaid-PAM, Seguro Social, Asistencia Nutricional y otros fondos, fortaleciendo nuestra red de seguridad social federal. El influjo de nuevos fondos motivará gran desarrollo económico, riqueza y prosperidad para nuestro pueblo. Se podrían reducir o eliminar nuestros impuestos estatales, aliviando la carga contributiva total para el 95% de los puertorriqueños.
Proceso
Moralmente, el Congreso no puede rechazar la estadidad, ya que la misma ha sido la única ruta que han tomado todos los territorios organizados. El Congreso viene obligado a respetar y honrar el único pacto político reconocido entre los ciudadanos americanos residentes en Puerto Rico, el Congreso y el poder Ejecutivo y admitir al territorio organizado de Puerto Rico con el Estadoi 51. La Constitución establece que el Congreso administra la Cláusula Territorial y provee los mecanismos y condiciones para la incorporación de Puerto Rico como Estado Federado.
Anticipamos que el proceso conllevará negociaciones sobre las condiciones y periodo de transición que requieran el Congreso y Puerto Rico. En ese caso, se llevará a cabo un nuevo referéndum para refrendar los acuerdos antes de ingresar como estado.

Proponemos un periodo de transición económica de diez años para garantizar que Puerto Rico disfrute de todos los derechos, beneficios y oportunidades que tienen los cincuenta estados y a la vez se prepara para cumplir con todas las responsabilidades compartidas.
Es vital tu participación para decidir tu destino final. Invitamos a todos los puertorriqueños que anhelan ser parte y participar en condiciones de igualdad dentro de la nación americana a que se unan a lucha por la igualdad de derechos constitucionales, oportunidades de progreso y mejor calidad de vida y responsabilidades para lograr el sueño del Dr. Barbosa y Ferre: convertir a PR en el Estado 51.

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¿Quo Vadis PPD? Reproducida de juluio, 2012

¿Quo Vadis PPD? 23 de julio, 2012

Hernán Padilla

Para entender cómo piensan, cuales son sus compromisos ideológicos y hacia dónde nos quieren llevar los soberanistas, es conveniente examinar algunas de las expresiones de los líderes y figuras prominentes del PPD.

Es conocido que el status de Puerto Rico de un territorio no incorporado y sin representación Congresional sitúa a los puertorriqueños en una gran desventaja en comparación con los 50 estados de la unión. No solamente no tenemos la representación congresional que nos corresponde como Estado, tampoco tenemos derecho a votar por el Presidente de los Estados Unidos.

Precisamente, es en la Casa Blanca donde se fija la política pública que rige a los estados y los territorios incluyendo la defensa nacional. Los ciudadanos americanos en Puerto Rico respaldan la igualdad de todos los derechos políticos con los otros ciudadanos americanos de la nación, incluyendo el voto presidencial. El 86% de los puertorriqueños quieren votar por el Presidente… esa es la realidad.

La excepción son los soberanistas que claman por una república asociada, liderados por Alejandro García quien expresa: “yo no creo en votar por el Presidente de Estados Unidos” (Prensa Asociada, 2007) y su candidato a Comisionado Residente que dijo: “nunca he visualizado la evolución del ELA a través de la concesión del voto presidencial”.

Ellos no se identifican y no consideran a Estados Unidos como nuestra nación. AGP dice que: “a pesar de que tenemos una relación, buena o mala, hay que entender que Estados Unidos es una nación que es distinta a la nuestra”. Esa misma posición ha sido expresada por miembros activos del PPD. Abiertamente sostienen que “Puerto Rico es una nación” y que “no somos americanos pero vamos a seguir utilizando el Pasaporte de los Estados Unidos”.

Alejandro García, la misma persona que en el 2008 votó a favor de la plataforma ideológica de su partido que sostiene que “el PPD cree en una asociación política, no colonial ni Territorial entre Puerto Rico y Estados Unidos”, ahora ordena a los seguidores de su partido a votar a favor del status actual bajo la cláusula territorial del ELA colonial y le impone la mordaza a los que piensen diferente.

El extremo de la contradicción la representa el candidato popular a Comisionado Residente al sostener “el ELA tiene elementos coloniales que son deficientes para Puerto Rico y necesita una transformación”. Su posición es clara cuando afirma: “Me parece que la relación actual tal y como está configurada tiene modalidades coloniales con las cuales tenemos que acabar”. Y agrega: “el elemento colonial mas definitorio de la relación actual es que el Congreso legisla indiscriminadamente para Puerto Rico, sin que los puertorriqueños tengamos nada que decir”.

Para no quedarse atrás, su candidata a la Alcaldía capitalina sostiene: que “las Cortes Federales y el FBI tienen que desaparecer” (de Puerto Rico), que “otra gran muleta bajo este sistema político-económico es la ciudadanía americana” y que: “Puerto Rico es una colonia a merced de la cláusula territorial”.

No hay margen para dudas sobre cual es la posición de los líderes populares. Uno de sus candidatos al Senado insiste que “la unión permanente es un concepto inventado por los políticos de Puerto Rico”, sin excluir a Don Luis Muñoz Marin.

Para cerrar, pero sin excluir a otros que piensan igual, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Josean Santiago, afirmó que Puerto Rico debe renegociar con Estados Unidos los términos de la relación política entre ambos países y enfatizó: “Con el gobierno norteamericano de tú a tú, de nación a nación”. Cerró con broche de oro cuando la periodista le cuestiona si Puerto Rico debe obtener la independencia previo a sentarse a negociar los nuevos términos de una asociación, Santiago dijo: “seguro la soberanía tiene que ser parte fundamental, esa es la pieza inicial en ese proceso”.

Ante estas verdades, los populares que NO quieren poner en riesgo la verdadera unión permanente, la ciudadanía americana, el derecho a votar por el Presidente, la protección del FBI y las Cortes Federales deben rebelarse y enviarle un mensaje a los lideres de su partido votando que NO en la primera pregunta del plebiscito. A menos que deseen seguir la ruta política de los denominados soberanistas que conduce a su partido a la tumba política.

La soberanía que garantiza la Decima Enmienda de la Cosntitucion de Estados Unidos a los estados y la representación en el Congreso del estado federado son el destino final y honroso para el pueblo de Puerto Rico.

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COLUMNA DE A QUIñONES CALDERON, Reproducida de ENDI

18 de julio de 2013
¿Gueto con la estadidad, dijeron?

ANTONIO QUIÑONES CALDERÓN

El 45.6% de los 3.7 millones de residentes en el Estado Libre Asociado vive bajo el nivel de pobreza; dos veces más que en el estado más pobre de la nación, Mississippi. Los grupos más afectados en el territorio están constituidos por jefas de familia con hijos menores de 18 años de edad y las personas mayores de 65 años de edad.

Ese mismo porcentaje de la población de Puerto Rico depende de los programas federales de alimentos para su subsistencia; en Estados Unidos continentales, esa cifra es de 15.5%; en la Florida, 17.8%.

Más de 667,000 familias puertorriqueñas (1,363,184 personas) residentes en Puerto Rico desayunan, almuerzan y cenan gracias al Programa federal de Asistencia Nutricional (PAN), que asigna al Estado Libre Asociado más de $2,056 millones anuales.

Otras miles de familias se benefician de otros programas federales, como el de TANF (ayuda temporal a familias necesitadas); TEFAP (programa de distribución de alimentos), WIC (ayuda suplementaria para mujeres embarazadas, infantes y niños) y PRES (programa de rehabilitación económica y social a familias), los que disponen de una asignación adicional anual de más de $330 millones. El principal programa de salud del territorio (Mi Salud) que cubre a 1,600,000 personas, subsiste gracias a los $1,000 millones de fondos federales que recibe anualmente.

El ingreso promedio anual de los residentes en el Estado Libre Asociado es de $19,400; el promedio en todo Estados Unidos continentales es de $59,972; en el estado de la Florida es de $45,600. El más bajo en todos los estados de la nación es el de Mississippi: $25,600.

La tasa de desempleo en Puerto Rico (la oficial; que la real es mayor) está situada en un 13.4 %; el promedio en Estados Unidos es del 7.6%. Y ese 13.4% es irreal, porque no incluye las cerca de 19,000 personas que abandonaron la fuerza laboral del territorio durante el año pasado y las miles que han seguido abandonándola durante los pasados seis meses. La tasa de participación laboral en el territorio anda por el 41%: un 41% que trabaja para mantener al 59% que no trabaja.

Solamente en los municipios no metropolitanos deambulan diariamente 1,600 personas (980 más que dos años atrás), y más del doble que ellas en el área metropolitana de San Juan. A éstas les se ven durmiendo en parques públicos, bajo puentes y zaguanes. La mayor parte de estas personas sin techo están en su etapa más productiva: entre los 21 a los 64 años de edad. Hace par de años casi el 80% de los deambulantes tenía que ver con la adicción a drogas; ahora influyen marcadamente los problemas económicos y familiares.

El 25% de la población del territorio podría estar afectada por trastornos de ansiedad; el 6% por bipolaridad y un 48% tendrá alguna condición psiquiátrica en algún momento de su vida.

Cuarenta y seis de cada cien estudiantes en el sistema de enseñanza pública en el territorio abandonan los estudios antes de concluir la escuela intermedia, con el agravante de no poder contar siquiera con un oficio con el que puedan subsistir independientemente. Son los candidatos al ocio, y a los ociosos –escribió Hemingway en “Al romper el alba”– el diablo les da trabajo.

Más del 84% de los niños en el ELA vive en áreas de extrema pobreza, siete veces más que en Estados Unidos y el porcentaje de adolescentes locales que no trabaja ni asiste a la escuela es el doble que en Estados Unidos.

El éxodo de 576,000 puertorriqueños durante la pasada década –especialmente jóvenes profesionales en su etapa de mayor productividad que han hecho las maletas para mudarse a alguno de los estados de la nación– ha tenido como consecuencia una pérdida de al menos $3,000 millones de ingresos que han dejado de recibir las arcas de Hacienda. Los problemas económicos, la criminalidad que no cesa, la escasez de servicios educativos de calidad y la falta de oportunidades de trabajo fueron las razones para el éxodo aducidas esta semana durante un sondeo informal hecho en el área metropolitana de San Juan.

¿Gueto con la estadidad, dijeron?

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Defensa de voluntad del pueblo, ENDI; 07/22/13

Para debatir los argumentos legales y oponerse al uso de fondos públicos para obstruir el mandato electoral del pueblo rechazando el status territorial-colonial actual y favoreciendo la estadidad, debemos considerar que esa estrategia partidista le falta el respeto al Pueblo de Puerto Rico.
Nadie puede negar que el pueblo se expresó libre y democráticamente en la consulta de estatus cuando 970,910 votantes (53.97%) expresó no querer continuar con el estatus territorial actual, mientras que 828,077 votantes (46.03%) lo favorecieron. Puerto Rico revocó el consentimiento de los gobernados para continuar bajo el status actual.
Tampoco pueden negar que entre las tres opciones presentadas conforme a las definiciones aceptadas en el “Informe del Grupo de Trabajo del Presidente sobre el Estatus de Puerto Rico”, la opción de la Estadidad fue preferida por 834,191 votos (61.16%), la opción del Estado Libre Asociado Soberano obtuvo 454,768 votos (33.34%) y la opción de la Independencia obtuvo 74,895 votos (5.49%).
Ambas cifras contrastan con el respaldo minoritario de un 47.7 % que obtuvo el gobernador electo. Contrario a lo que alegan los administradores de la colonia, esos resultados no le permiten usar fondos públicos para imponer su agenda respecto al status de Puerto Rico, violar los principios democráticos y negar la voluntad del pueblo.
El Gobernador García Padilla, en función oficial, envió una carta usando fondos y recursos públicos a todos los congresistas de la Cámara de Representantes Federal negando los resultados oficiales certificados por la Comisión estatal de Elecciones; y a través de la Administración de Asuntos federales (PRAFA) autorizó la erogación de $546,000 de fondos públicos para contratar cabilderos para rechazar la voluntad del pueblo en la consulta del estatus. El Director de PRAFA, Juan Eugenio Hernández Mayoral, admitió públicamente que esos fondos son utilizados para promover la política de García Padilla que rechaza los resultados del plebiscito.
El derecho al voto es un derecho fundamental del pueblo y es nuestra obligación hacerlo respetar. El uso de fondos públicos por parte del gobierno para impedir la implantación de los resultados de la consulta de estatus no cumple con lo expresado en las urnas. Ese uso de fondos públicos viola la política pública del Presidente y es contrario a las normas del derecho internacional sobre “libre determinación”.
Obstruir el proceso de autodeterminación de Puerto Rico contraviene el mandato del pueblo y constituyen actuaciones político-partidistas, no funciones públicas. El Gobernador no puede utilizar los fondos públicos para impulsar su agenda político-partidista, mucho menos para violentar los resultados de un referéndum favoreciendo una formula ideológica contraria a la suya. Le corresponde al PPD, no a los contribuyentes, costear cualquier oposición al mandato electoral.

Le corresponde a los que rechazan reconocer que Estados Unidos es nuestra nación y rechazan agencias federales en nuestro suelo que expongan su caso con sus propios fondos sin usar los recursos públicos, tan necesarios para servir al pueblo y resolver los problemas en la Isla.
Tratándose de los postulados más elementales de nuestro sistema democrático y esquema constitucional, la utilización de fondos públicos para fines políticos partidistas lacera irremediablemente el sistema de equidad electoral.

Alerto a los medios que no han denunciado el uso de fondos públicos para promover una causa política y les advierto a los legisladores y líderes políticos que esta acción sienta el precedente de usar fondos públicos para adelantar una causa ideológica en contra del deseo expreso del pueblo.
Esto no es un asunto trivial sino una tragedia; el que los colonialistas utilicen fondos públicos para contratar cabilderos que impongan el status territorial que mantiene a Puerto Rico segregado políticamente, sin igualdad de derechos constitucionales, políticos y ciudadanos y sumidos en la pobreza sin las mismas oportunidades de progreso que tienen nuestros conciudadanos en los 50 estados de la Unión.

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Mensaje de Presuperto FY14 contiene mensaje Presidencial- publicado Cybernews, 07/09/13

CyberNews Martes 09 de Julio de 2013 11:21
Noticias – Gobierno y Política
WASHINGTON, DC (CyberNews) – El comisionado residente Pedro Pierluisi informó el martes que el Proyecto de Asignaciones del Subcomité de Comercio, Justicia, Ciencias y Agencias Relacionadas para el año fiscal 2014 incluye el lenguaje del presupuesto presidencial asignando 2.5 millones de dólares para resolver el estatus político territorial de la Isla mediante un proceso plebiscitario con aval congresional.
“Agradezco al presidente del Subcomité, Frank Wolf de Virginia, y al miembro demócrata de más alto rango, Chaka Fattah de Pennsylvania, por incluir esta disposición en el proyecto de ley, el cual será considerado el miércoles por el Subcomité. Además, quiero darle las gracias a José Serrano de Nueva York, miembro del Subcomité, quien trabajó arduamente junto a mí para asegurar que la disposición fuera incluida”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.
Aseguró que comparte con el congresista José Serrano la visión de que el estatus territorial de Puerto Rico ya no es aceptable y tiene que ser descartado para que la Isla pueda realizar su verdadero potencial.
“El lenguaje de la medida indica que el voto auspiciado por el gobierno federal se llevará a cabo entre opciones que resuelvan el futuro estatus político de Puerto Rico.
La única forma de resolver el estatus político del territorio es por medio de la estadidad o la soberanía nacional. Puerto Rico no puede resolver su problema de estatus manteniendo el mismo estatus antidemocrático que hemos aguantado desde el 1898 y que rechazamos el pasado noviembre. El estatus actual es la raíz de los problemas políticos, económicos y sociales de la Isla; por lo tanto, no puede ser la solución a estos problemas”, detalló.
“Como he dicho anteriormente, los que buscamos la democracia, la igualdad y el progreso para el territorio estamos en la ofensiva, marchando hacia delante, mientras que los que apoyan el fracasado status quo están a la defensiva. Hoy damos otro paso importante en nuestro camino hacia un futuro en el que Puerto Rico pueda finalmente gozar de un estatus político que sea completamente democrático y digno”, agregó.

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Puerto Rico es un Territorio organizado para ser admitido como Estado; lunes 8 de julio; ENDI

Territorio Organizado

“Ha llegado el momento para que el Congreso de los Estados Unidos reconozca que los ciudadanos de los Estados Unidos residentes en Puerto Rico tienen derecho a todos los privilegios e inmunidades que se les otorgaron el Acta Jones y específicamente la Ley del Gobernador Electo de 1947. La Ley de Relaciones Federales, la Ley 600 y la Ley Pública 447 refuerzan el mandato histórico de que los territorios organizados están predestinados a convertirse en estados”.
Endoso estas expresiones del Asesor Legal de la “Organización Igualdad”, Lcdo. Alfredo Castellano, en su carta al Comité de Energía y Recursos Naturales.
Las doctrinas que surgieron de los notorios “casos insulares’ y la decisión de la Corte Suprema para justificar la “segregación constitucional” de los residentes de Puerto Rico y otros territorios (separados y desiguales) fue una “una anomalía’ intolerable y contradictoria en la lucha por la libertad y el reconocimiento de la igualdad de derechos constitucionales y legales.
Sin embargo, la Ley del Gobernador Electo sostiene que “los derechos, privilegios e inmunidades de los ciudadanos americanos en PR se respetaran “como si PR fuera un estado de la Unión”.
Tampoco cabe duda que Puerto Rico y la Constitución de Puerto Rico cumplen con el requisito de ser un “territorio organizado políticamente como un estado” para poder ser admitido a la Unión.
El pueblo de Puerto Rico aceptaron las condiciones fundamentales impuestas por el Congreso para cumplir con esos requisitos: (1) una carta de Derecho; (2) un gobierno de forma republicana; (3) y que estuviese de acuerdo y sujeto a las disposiciones de la Constitución de Estados Unidos; y de la Ley Publica 600.
Durante décadas nos considera como si fuéramos un estado y el Congreso nos incluye en muchos programas nacionales. La federalización “de jure y de facto” del “US Commonwealth of Puerto Rico” tratando a Puerto Rico como si fuera territorio organizado, es otro paso irreversible y el preludio político-jurídico a la estadidad.
La federalización y la preparación de nuestro territorio hacia la estadidad se magnifica más aun cuando vemos como en la década de los 60, el Congreso autorizo la creación en nuestra jurisdicción de un Tribunal Federal al amparo del Artículo III de la Constitución dejando en el pasado la existencia de Tribunales Federales creados por el Congreso para territorios no organizados.
La Corte Suprema nacional y el Tribunal Supremo de PR reconocen que un territorio puede ser “incorporado” expresa o implícitamente y ha ocurrido una evolución de continua integración aprobada por el Congreso mediante la cual Puerto Rico ha evolucionado de un territorio no-incorporado a incorporado.
No podemos ignorar que la Juez O’Connor sostuvo que Puerto Rico parece ser un estado; posee la autonomía de otros estados; no es soberano como una nación independiente; tiene una forma de gobierno republicano organizado bajo una Constitución aprobada por su gente; y sus ciudadanos son tan ciudadanos americanos como los ciudadanos de los estados. Tampoco se puede ignorar la decisión de la Corte Federal que, como consecuencia de la “incorporación” gradual durante un siglo de la Isla y sus ciudadanos a la nación americana, las garantías constitucionales aplican en su totalidad en Puerto Rico.
Los ciudadanos de Puerto Rico solicitan del Congreso que honre su responsabilidad con los Ciudadanos del territorio organizado de Puerto Rico. Cuando el Congreso entra en un “acuerdo” (compact) con un territorio organizado, como es el caso del Territorio de Puerto Rico, ese acuerdo siempre ha sido un camino hacia la estadidad. Admitir a Puerto Rico es justo e inevitable.
Puerto Rico ha sido incorporado “de facto y es un territorio organizado de Estados Unidos. Peticionamos al Congreso que apoye la causa de los derechos y libertades humanas de nuestro pueblo y admitan a Puerto Rico como un Estado de la Unión.
PD. El paso de ser un territorio organizado no revoca el hecho histórico y la condición colonial del status actual

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Jeff Farrow’s Message at Statehood Forum; 07/02/13

Fellow Americans …

An address by Jeffrey Farrow
Igualdad luncheon
San Juan, Puerto Rico
July 2, 2013
That’s not an unusual way to begin a speech to U.S. citizens anywhere but here in Puerto Rico.
It is appropriate, however. You are U.S. citizens. You want equality and permanent union.
90% or so of Puerto Ricans want U.S. citizenship. An overwhelming majority also wants permanent union.
You can be indisputably an American within a few hours by moving to the States.
There are now a million and a half citizens in the States born in Puerto Rico, almost three of every ten people born in Puerto Rico still alive. No one would question whether they’re American.
There are more than 4.9million citizens in the States who are considered to be Puerto Rican who are Americans.
I was pleased last week to hear Republican Senator Lindsay Graham say “Being an American means nothing about where you come from, your race, religion, background, or ethnic origin. Being an American is an idea”.
His words echoed statements of President Clinton in 1998. “Some people question the option of statehood because of the Hispanic culture of Puerto Rico … To use their culture to bar them from voting rights or responsibilities in our country … is wrong. … It doesn’t matter what your ethnic or racial or religious heritage is; it matters only if you embrace the ideas of the Founders as embodied in the Constitution, the Declaration of Independence, and the Bill of Rights end”.
And that year, we passed a status choice bill in the Republican House. Stirred up by commonwealthers, nativist extremists and opportunists opposed it with an amendment to require the exclusive use of English in the government of a State of Puerto Rico.
We defeated it with one that called for increased English education in the territory.
And when Commonwealthers again enlisted these right-wingers as the House considered another status choice bill in 2010, we did the same.
As POLITICO newspaper headlined last week, “English amendment is so last decade”.
Puerto Ricans’ use of Spanish has a minimal impact on the rest of the country because of the ocean that separates them from the islands. And 82% of Puerto Ricans in the States are fluent in English.
But, although Puerto Ricans may be Americans, Puerto Rico is not fully a part of America.
It is a possession, and subject to congressional governing authority under the Territory Clause, according to the Supreme Court.
It’s a State for the purposes of most Federal laws — but not all.
It doesn’t have voting or equal representation in the government.
It can still become a nation.
And not everyone here considers themselves to be American. Puerto Ricans who see Puerto Rico as a nation naturally don’t.
Nationhood is as noble an aspiration as statehood. We’re meeting just before the holiday that celebrates the nationhood of the United States.
For the U.S., nationhood means self-government.
It should be a bittersweet holiday for Puerto Ricans who lack self-government at the national level.
Your Governor is one who does not consider himself to be an American. Last week, in opposing statehood he said “We are a nation, not a province of another country. We want to keep being Puerto Ricans”.
I am of Jewish heritage. Some refer to Jewish people as the “nation of Israel.” They don’t mean the State of Israel. They mean us as a people.
But the Governor suggested that Puerto Rico is a political nation.
In fact, in its “Development of the Commonwealth” plan, his party says Puerto Rico would be recognized as a nation. But it proposes a nation that’s really not a nation.
There would be a permanent union between Puerto Rico and the U.S.
Nationhood means the right to leave associations with other nations.
There would still be U.S. laws and courts, although only to the extent Puerto Rico wants.
In a real nation – even one freely, that is, non-bindingly, associated with the U.S., there would be no U.S. laws or courts.
U.S. citizenship would continue to be granted.
In a real nation – even a freely associated one, U.S. citizenship wouldn’t. National citizenship is an indication of nationhood. For the U.S., citizenship means primary loyalty to the U.S.
All Federal assistance to Puerto Ricans would continue.
Even a freely associated state, not all current Federal programs would continue.
This “commonwealth” obviously is nothing like the current status, which is also misleadingly called “commonwealth” in English and words in Spanish that literally translate as associated free state. And it wouldn’t be a freely associated state.
But it is the “commonwealth” or like the “commonwealth” that has confused all of Puerto Rico’s plebiscites, whether on the ballot or not.
And it is the “commonwealth” Federal officials have said cannot exist every decade since the insular government was named the Commonwealth, or ELA.
The terms of the status debate are very important to clarify but may have numbed many people to the real issues.
Should Puerto Rico and its residents be treated equally by the U.S — which also means permanently associated — or not? Should Puerto Ricans have equal voting representation in the government that makes, interprets, and implements their national laws? Or should it be equality under the government of a nation of Puerto Rico?
When we were working on the 1998 status choice bill, a senior State Department official suggested to me that, instead of a choice among statuses, we should ask Puerto Ricans if they wanted permanent U.S. citizenship. If they did, they had made their status choice: statehood.
That’s why I was happy to hear about Igualdad. The name focuses on the real issues.
Justas not everyone wants to be an American, not everyone wants equality.
The week before last, the Governor argued that statehood would make Puerto Rico “aLatin American ghetto” because of Federal taxes.
He ignored the tax and other programs that would pump billions of dollars a year into the local economy.
Perhaps what he ignored most is the incalculable benefits of having more power in the shaping of your national laws than 21 of the existing States.
And, of course, in asserting that the economy would be worse, he additionally ignored how bad it has been.
His own Secretary of Economic Development said last week that Puerto Rico quote is a poor island end quote. The president of New York Fed said quote Puerto Rico’s economy is not faring well at all end quote. With the exception of the mid to late ‘90s,Puerto Rico’s economy hasn’t fared well since the early ‘70s. The income gap with the States has grown since that time.
Instead of equality, the Governor wants different treatment.
Different treatment for a powerless minority can be counted on to, overall, be worse treatment.
Certainly, the status quo benefits some. But it doesn’t benefit most people more than would equality. 45% of the people are below the poverty level. The jobless rate has almost never been in the single digits. The percentage of people in the workforce is only two-thirds what it is in the States. Millions of people have left, voting for equality – statehood – with an airline ticket.
Does anybody really believe that any State would be worse off than this territory has been? Puerto Ricans in the islands are no less capable than Puerto Ricans and the rest of us in theStates.
What would equality really mean to the people of Puerto Rico — in addition to democracy and political power?
Equal treatment in Nutrition Assistance in 2009could have covered 448 thousand more people AND increased assistance for the 1million, 485 thousand who got it — a total injection into the economy of $825million.
This is an interesting story of inequality in terms of political power. Puerto Rico used to be treated equally in Food Stamps, getting funding based on need instead of a limited amount. President Reagan proposed changing the program nationally to provide limited grants. The only jurisdiction for which Congress limited the grant was Puerto Rico — because it had no votes.
In September 2011, nearly 37,000 helpless Puerto Ricans received Aid to the needy Aged, Blind, and Disabled benefits averaging$73.85 per month. Supplemental Security Income would have given them$698.
But it also would have covered 220,000 more. This would have meant an additional $1billion, 580 million
I’m proud to have helped Resident Commissioner Pierluisi and Governor Fortuño triple Federal contributions to Puerto Rico’s Medicaid program to $1 billion, eight million. But equality for Puerto Rico’s program as it exists now would have meant an additional $495 million.
And equality would also expand Puerto Rico’s program from 1.3 million people to 2.1 million. The Federal contribution would be another $1 billion, 128million.
The Federal contribution would be further increased if Puerto Rico provided optional Medicaid services offered in almost all States. North Carolina, the State with the number of people below the poverty level closest to Puerto Rico’s, was to receive $7 billion, 779 million for Medicaid last year. Oklahoma, the State with the overall population closest to Puerto Rico’s, was to get $3billion, 211 million. And Mississippi, the State with the lowest per capita income but fewer people, was to receive $4 billion, 284million.
In Medicare, inequality resulted in Puerto Ricans receiving only 182 outpatient medical procedures per 1,000 Medicare beneficiaries in 2003 compared with 297 in the States.
Medicare spending in 2003 was $2,784 per PuertoRican vs. $6,788 for their fellow citizens in the States. If it had been equal, it would have been $2 billion, 349 million more. And this was before the prescription drug subsidies program was created. It provides subsidie averaging $4,000 a year for those who earn up to 150% of the poverty level.
The new health insurance subsidies program that will begin next year will provide subsidies to uninsured earning from 100% of the poverty level, $23,050 for a family of four, to $92,200 for a family of f our.
Puerto Rico will get a flat $925 million for 2014through 2019. Equal treatment would be whatever is needed, an estimated $6 billion, 750 million.
It’s argued that Puerto Ricans don’t pay Federal taxes on local income. If it had been taxed in 1992, Puerto Ricans would have only paid a net $49 million.
59% wouldn’t have had a tax liability. And53% of wage earners would have received more money from the Federal Internal Revenue Service than they owed.
The Earned Income Credit gives workers with incomes up to $50,270 payments to the extent that they do not have a tax liability and tax credits to the extent they do.
The Child Credit gives workers, with incomes up to$110,000, up to $1,000 per child in tax credits or checks. Workers in the States with any number of children can get the Child Credit; only workers with three or more children in Puerto Rico can.
I’ve been dealing with the question of Puerto Rico’s future status for 28 years. Until last November, the question that Federal officials, committed to self-determination, had was: What do Puerto Ricans want from among the possible options? This doesn’t include an impossible proposed “commonwealth status.”
Last November, Puerto Rico answered. It voted for a beginning of the transition to statehood.
The plebiscite was very similar to the status choice process recommended by the President’s Task Force on Puerto Rico’s Status under President Bush.
At the same time, a governor and legislative majority that oppose implementing the will of the people as expressed in the plebiscite were very narrowly elected.
They have three arguments against the plebiscite. One is that the current status option was wrongly defined as a territory status. In this, they disagree with the Supreme Court, at least the last four presidential administrations, and Congress. As President Obama’s Task Force on Puerto Rico’s Status wrote quote Under the Commonwealth option, Puerto Rico would remain, as it is today, subject to the Territory Clause of the U.S. Constitution end quote.
Their second argument is that is that the plebiscite did not include their Development of the Commonwealth — which had been rejected by the Clinton,George W. Bush, and Obama Administrations as impossible.
They also contend that ballots without votes should be counted. But that runs counter to election law, the certification of the results by the Elections Commission on which they have a representative, and the basic principle in an open election: only those who vote count.
Lately, the Governor and his lobbyists have even been claiming in Congress that their new “commonwealth status” won a majority. In addition to counting the ballots that didn’t choose an alternative to territory status, they claim the ballots for nationhood in a non-binding association with the U.S.
This is especially ironic because the Governor opposed the nationhood in free association option before the plebiscite, correctly saying that it is fundamentally different from the “commonwealth” the party wants.
They also say that status is a distraction from Puerto Rico’s real problems, particularly the economy.
The economy is a very serious problem but as President Obama’s Task Force on Puerto Rico’s Status recognized quote identifying the most effective means of assisting the Puerto Rican economy depends on resolving the ultimate question of status end quote.
The Obama Administration supported the plebiscite and didn’t agree that blank ballots should be counted. The President’s spokesman said quote statehood won the majority on the second question end quote. He also said that the plebiscite demonstrated Puerto Ricans want to resolve the status question and the Administration would work with the Congress for this.
But the White House knows that it’s far easier to stop something in Congress than to pass something. Lobbying by the governor and the legislative majority would make it very difficult to implement the plebiscite petition based upon its results alone.
So the White House proposed a plebiscite under Federal auspices – for results that would be hard to dispute. It sent Congress legislation virtually identical to law that we got a Republican Congress to pass in 2000 for a vote on options that would resolve the question of Puerto Rico’s status. Resolve is a key word.
As long as Puerto Rico is a territory, Puerto Ricans can petition for statehood or nationhood. A status that does not provide for a representational government at the national government level is not democratic and cannot be permanent. The current status can’t resolve the question.
The options would be proposals of the Elections Commission — but only to the extent agreed to by the attorney general of the United States as not being incompatible with the Constitution, laws, and policies of the U.S.
This excludes the Development of the Commonwealth. It can include one or more of the possible options.
The key difference between the 2000 law and the Obama proposal is that the 2000 law was good for Federal Fiscal Year 2001 only and the new proposal wouldn’t expire in Fiscal Year 2014. So, if there isn’t a plebiscite under the current administration in Puerto Rico, there can be one under the next.
The governor publicly supports the proposal. But close associates were unhappy with it and are privately telling key congressional offices that it’s flawed.
Resident Commissioner Pierluisi has sponsored a different but not incompatible bill. It would require the president to submit a plan for a transition to statehood and commit the Congress to pass such a bill if Puerto Ricans confirm the statehood petition in another vote. 86 other House members have sponsored the bill, including the range of leaders of the Democratic Caucus and eight Republicans.
Gov. Garcia says that the Pierluisi bill is unfair. But it’s precisely the type of bill that the PPD asked for in opposing the 2010 Pierluisi bill, which proposed a process almost identicalto the plebiscite. The party testified in Congress three times in the words of its president quote Let the people of Puerto Rico decide, statehood, yes or no end quote.
There hasn’t been a lot of public Republican support for the proposals of Democrats Obama and Pierluisi but leaders of the Republican committee of Puerto Rico have been effectively working with key Republicans in Congress.
The Senate committee with jurisdiction over Puerto Rico’s status will hold a hearing on the plebiscite and the Obama Administration’s response August 1st.
The House committee has also said that it will hold a hearing. Its chairman is waiting for a report on the budgetary impacts of equality for Puerto Rico. These would be the impacts of equal treatment but wouldn’t necessarily be the impacts of statehood. Senate committee bills in 1989 and 1991 would have implemented statehood on a budget neutral basis.
What will Congress do? I never predict. Because of divisions, the last Congress was the least productive within memory. So far, this Congress is on track to agree on less. The Washington Post headlined today quote Is this the laziest Congress ever question mark end quote. It headlined yesterday “Dysfunctional Congress, continued”.
The ‘air’ on Hispanic issues has been sucked up by immigration reform. Puerto Rico’s status has been unresolved for 115 years but it only petitioned for statehood last November. Immigration reform legislation has been in Congress for several years.
A Democratic congressman called me last week about co-sponsoring the Pierluisi bill, saying that he supported it but Luis Gutierrez didn’t want him to and he needed Luis on immigration. He wasn’t worried about the opposition of Nydia Velazquez.
Consistent with Federal policy, I have always said that Puerto Rico ought to have the status its people choose from among all of the possible options: statehood; independence; nationhood in a non-binding association with the U.S.; and be a territory – which not even the PPD really wants – until Puerto Ricans choose statehood or a nationhood option.
In November, the issue changed. For the first time, Puerto Rico chose a possible option.
The plebiscite was called by the elected representatives of the people of Puerto Rico. It was free and it was fair. Crucially, it was the first limited to possible options.
And, most important, the vote of the people is the highest authority in a democracy.
The position of Puerto Rico on its future political status is statehood. That won’t change unless the people vote otherwise

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