Hernan Padilla

Lecciones de la crisis universitaria

Hernán Padilla

Los llamados paros y huelgas universitarias se caracterizan por la intolerancia y autoritarismo de los grupos dirigentes y la interferencia abierta de grupos políticos, ideológicos y sindicales que persiguen agendas políticas contrarias a la misión de la propia Universidad. La intervención, interferencia y envolvimiento de las fuerzas independentistas, nacionalistas, socialistas, populares y radicales usando a los estudiantes como escudo resulta obvia.

Los estudiantes y representantes estudiantiles tienen el derecho a expresar sus quejas y peticiones en forma civilizada y ordenada, pero en una sociedad democrática se respetan los derechos de los que no piensan como ellos. El debate y el escrito de altura y con respeto son los fundamentos que deben prevalecer en el ámbito universitario, pero se impuso la violencia, el insulto y la confrontación.

Tomaron los portones por la fuerza e impidieron el paso de aquellos que quisieran realizar labores académicas y administrativas en beneficio de la universidad, así  como los estudiantes que quieren completar sus requisitos académicos. Se adjudican el monopolio de la “razón y la justicia”, imponen sus criterios y efectivamente ignoran y silencian las voces y reclamos de la comunidad universitaria que piensa diferente. Para colmo, traspasan propiedad privada, provocan un altercado en un hotel y no les importa el daño que le hacen al turismo, comercio y la economía de Puerto Rico. Los sindicatos y grupos políticos-ideológicos destruyeron la autonomía y el “ambiente universitario”. Paralizaron la Universidad siguiendo el libreto revolucionario de Chávez y Castro.

Urge comenzar una discusión pública de porque los paros y las huelgas no tienen cabida en la Universidad. Los estudiantes no tienen el derecho a “huelga” y mucho menos a gobernar la universidad. No se puede ignorar que los cierres académicos pueden traer consecuencias desastrosas para los 60,000 estudiantes universitarios: posible desertificación por la Middle States Association, la pérdida de las Becas Pell que benefician el 68% de todos los estudiantes y  las aportaciones federales para investigación, pasantías y programas de investigación.

En esta crisis se ignoró la defensa de la mayoría de los estudiantes que quería regresar a sus estudios, completar el semestre académico, graduarse y recibir su diploma, estudiar veranos para adelantar sus estudios y completar experimentos e investigaciones. Ignoraron el reclamo que la Universidad viviera con portones abiertos y reanudaran las clases.

La Junta de Síndicos, el Presidente y los Rectores deben reconocer la Ley de 1966 y el Reglamento de Estudiantes y sostener que no es legal que cualquier grupo que se sienta insatisfecho tome control de los portones y le niegue el derecho a los estudiantes a educarse y a los profesores cumplir con su función académica. La lenta acción de los administradores universitarios permitió a un minúsculo grupo, apadrinados por agitadores políticos, cerrar el campus universitario.

Reconozco que es la responsabilidad del Estado proveer educación universitaria de calidad  a un “costo accesible.” También es necesario reconocer que los recursos fueron administrados pésimamente en los últimos cinco años y que la Universidad ha caído presa del chantaje político e ideológico de sindicatos y grupos políticos. Sí, hay que abrir los libros de las finanzas de la Universidad y propiciar foros, vistas públicas y publicaciones sobre como enfrentar la insuficiencia presupuestaria en un proceso democrático y transparente que trascienda las ideologías obsoletas y derrotadas.

Tengo fe en el futuro de la Universidad de Puerto Rico. La educación y los centros universitarios son una inversión en el futuro de Puerto Rico, pero el sistema universitario no funciona en un vacío. La Universidad necesita un examen minucioso de la estructura administrativa y de la estructura funcional y presupuestaria a tono con la realidad económica y fiscal de un gobierno que las pasadas dos administraciones dejaron en quiebra fiscal y moral.

Manejaron la crisis bancaria por el libro

Hernán Padilla

A pesar del negativismo que predomina en  nuestra Isla, no se puede menospreciar, minimizar, ni relegar a un segundo plano el resultado positivo de todas las gestiones del Gobernador Fortuño, su equipo y funcionarios gubernamentales a cargo del sistema financiero, económico y bancario del país. La estrategia exitosa salvó los depósitos millonarios de miles de ciudadanos clientes bancarios y logró una infusión de más de siete billones de dólares para estabilizar la industria bancaria y comenzar a devolverle confianza a los sectores de la economía que dependen directamente de los bancos. La administración de Fortuño y el FDIC manejaron la crisis por “el libro”.

Aunque el FDIC garantizó los depósitos de los clientes, no podemos ignorar la seriedad de esta situación. El 30 de abril, el viernes negro, un catastrófico tsunami bancario azotó a Puerto Rico dejando fuera del sistema bancario de la isla tres bancos boricuas, un saldo de pérdidas estimadas en $6,625,000,000 y una posible pérdida de más de 3000 empleos. No cabe la menor duda que el segundo puntal de la economía insular ha estado en problemas desde hace mucho tiempo. Las pérdidas actuales son 20 veces mayores que las experimentadas desde principios de los 1970 hasta 2000, cuando 13 instituciones bancarias fueron liquidadas por el FDIC.

Cabe preguntar, ¿como es posible que el Western Bank, una institución que lleva operando 52 años y RG Bank con 36 años quiebre súbitamente? Las razones de la quiebra bancaria son limitadas. Son producto de malas prácticas bancarias y terribles decisiones gerenciales y administrativas, o de corrupción fraudulenta de empleados, gerentes y directores de los bancos. En tiempos “boyantes” todo parece bien y muy pocos cuestionan la solvencia económica de las instituciones. Sin duda, los famosos créditos contributivos promovieron la construcción de “villas lujosas” y, cuando explotó la burbuja inmobiliaria local, el valor de las propiedades se redujo por más de 30%.  Como consecuencia, se hicieron evidentes las malas prácticas bancarias en estas tres instituciones.

La crisis y las quiebras no ocurrieron de la noche a la mañana. Sabemos que se hicieron préstamos que ahora no pueden recuperarse debido a la difícil situación económica por que atraviesan los negocios, empresarios y dueños de casas, pero el país merece conocer por que quebraron estos tres bancos, quienes son los responsables y cuales fueron las acciones que los llevaron a la quiebra. Es necesario conocer las razones para evitar que se repitan los mismos errores y se afecte la economía de Puerto Rico adversamente. Es necesario investigar posible conflicto de interés, préstamos por amiguismo, contribuciones políticas, y cuales eran las normas y las prácticas prestatarias.

Urge nombrar a un Fiscal Especial en Justicia con autoridad plena para investigar y recomendar acciones civiles y penales contra los responsables. La cartera de préstamos de construcción y los hipotecarios debe ser el principal interés del investigador. No se pueden excluir los narcotraficantes que recaudan sumas millonarias en efectivo y que forzosamente tienen que ser “lavadas”, enmascaradas como préstamos millonarios de construcción y préstamos de bienes raíces con garantía hipotecaria; una actividad tan ilegal como el lavado de dinero para adquirir autos, yates y residencias lujosas.

El estado tiene la responsabilidad de reglamentar y supervisar la solidez y estabilidad del sistema bancario. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras requiere mayores poderes para intervenir a tiempo y evitar otra crisis bancaria de igual proporción.

Corresponde al gobierno de Fortuño llevar a cabo un examen detallado y profundo de los factores que nos llevaron al borde del precipicio económico y bancario. La ciudadanía merece saber porque quebraron los 3 bancos y reclama transparencia. La justicia lo exige. La vergüenza, seguridad y estabilidad del sistema bancario insular lo necesita.

Consenso y respeto mutuo son la base para la reforma migratoria

Hernán Padilla

El debate sobre la reforma migratoria está creando heridas y divisiones que requieren la búsqueda de soluciones basadas en consenso y respeto mutuo. El gobierno federal ha fracasado en su responsabilidad de proteger las fronteras y aprobar un plan migratorio ordenado que cumpla con las necesidades nacionales y controle efectivamente la entrada legal de los inmigrantes.

Desde la fundación de la nación americana, las puertas han estado abiertas a inmigrantes de todas las partes del mundo. Los datos son la evidencia más contundente. En el 2008 fueron naturalizados  1,046,539 extranjeros como ciudadanos americanos. En el 2009 se matricularon 671,616 estudiantes extranjeros en universidades americanas. Hay más de 50 millones de latinos en los Estados Unidos y la inmensa mayoría son ciudadanos americanos.

El Programa de Braceros fue el instrumento legal responsable para traer trabajadores extranjeros para cubrir las necesidades laborales en la agricultura, manufactura, construcción y servicios en los Estados Unidos durante varias décadas.  Ahora se estima que hay cerca de doce millones de emigrantes sin documentos que acrediten legalmente su entrada al país. Sencillamente las fronteras no están selladas.

Esas son las condiciones existentes que provocan un choque entre los que apoyan una reforma migratoria que legalice la estadía de los migrantes y los que insisten que se protejan y cierren las fronteras. Unos piden derechos, e igualdad, otros exigen estabilidad, seguridad y protección.

Se requiere un acuerdo bipartita sobre una reforma migratoria que incluya el cierre de la frontera como primer paso. Una vez sellada la frontera, se puede dar el paso de regularizar o legalizar los migrantes y expedirles un permiso de trabajo con número especial de seguro social si cumplen con todos los requisitos impuestos por ley.

El proceso hacia la ciudadanía es controversial. Aun así, creo que se puede lograr un acuerdo bipartita para que un emigrante, con este permiso especial, pueda permanecer en los Estados Unidos legalmente, trabajar y participar del “sueño americano.

Los emigrantes vienen a estados Unidos en busca de empleo y oportunidades económicas para ellos y sus familias en sus países de origen. Se debe ampliar el programa de trabajadores invitados (Guest Worker Program) conocido el H2B y aumentar significativamente las Visas para cubrir las necesidades de los distintos sectores industriales, manufactureros, agrícolas y de servicio.

Todos los países tienen el derecho soberano de reglamentar la entrada a su territorio.

Para controlar efectivamente el tráfico migratorio ilegal se deben usar sistemas tecnológicos para identificación en todos los puertos y puntos de entrada, establecer una política publica para prohibir la entrada y re-entrada ilegal en el futuro, aumentar la penalidad por la venta o utilización de documentos de identidad falsos, y requerir  tarjetas de Seguro Social que no puedan ser falsificadas. Para comenzar, los empleadores deben utilizar el nuevo sistema de identificación biométrica para verificar la autorización de trabajo y deben sufrir multas substanciales  cuando emplean personas no autorizadas.

La reforma migratoria tiene que aprobarse ahora. La seguridad nacional  y la tranquilidad de los ciudadanos que residen en los estados de la frontera lo requiere. La recesión económica y el tímido resurgir de la economía lo demanda. Urge que haya disposición de dialogo, negociación y consenso para movernos adelante.

Reforma constitucional y administrativa de la legislatura

Hernán Padilla

El descontento del pueblo con la legislatura, la pobre productividad, contratos de asesores políticos que no rinden cuentas de su trabajo, gastos y despilfarro de fondos públicos, el continuismo y la corrupción histórica son suficiente motivación para requerir una reforma constitucional y administrativa de la legislatura.

El gobernador ha cumplido con su programa de gobierno, aprobado por el PNP como promesa de campaña, sometiendo un proyecto a la legislatura para enmendar la Constitución y “reducir significativamente el número de miembros de la Asamblea Legislativa”. Los legisladores del PNP, que en su mayoría fueron electos gracias al triunfo arrollador de Fortuño, no pueden darse el lujo de darle la espalda al reclamo de Puerto Rico  para una reforma legislativa. El proyecto de Fortuño cumple con los postulados básicos de reducir el número de legisladores por 30% y simultáneamente disminuir los gastos de la legislatura.

Aunque prefiero la eliminación de las posiciones por acumulación y la mayoría del pueblo quiere un sistema unicameral, es imposible pedirle “peras a un olmo”. Alcanzar esa meta en estos momentos no es realista. La avaricia y defensa de los beneficios personales son los factores que predominan en los pasillos del Capitolio. Es necesario encarrilar la legislatura por un camino más productivo.

La democracia significa pluralidad de voces y caras. Para acabar con el continuismo, legisladores y políticos profesionales y traer nuevas ideas, urge limitar el término de los legisladores a ocho años.

Puerto Rico no puede sostener la “profesión de legislador-político a tiempo completo”, y mucho menos pagar dietas exageradas y beneficios como reembolsos contributivos privilegiados de una clase gobernante privilegiada que vive de los fondos públicos como sus propias arcas personales.

Apoyo el concepto del Legislador Ciudadano, tal como existía hace dos décadas, un modelo común en la mayoría de los estados, no un ciudadano cuya profesión es ser legislador a tiempo completo. Puerto Rico no puede, requiere, necesita ni puede sostener una legislatura a tiempo completo y mucho menos pagar salarios, dietas y beneficios de una nueva clase gobernante privilegiada. El mejor ejemplo de una legislatura a tiempo parcial lo vivimos durante los días libres de la semana santa. Durante las tres semanas que la Legislatura estuvo de vacaciones se ahorraron cientos de miles de dólares.

Urge limitar la sesión ordinaria a tres meses, reducir los salarios, las dietas y los privilegios. Mas del 70% de los legisladores no tendrían esos ingresos y beneficios si trabajaran en la empresa privada. Llegó el momento para elegir legisladores que los motive la justicia y el idealismo de servirle al pueblo.

El historial de corrupción ha manchado la legislatura durante las ultimas dos décadas. La Asamblea Legislativa viene obligada a reglamentar estrictamente la práctica de los cabilderos que se dedican influenciar las decisiones gubernamentales y en particular a los administradores y legisladores. Es inaceptable que cabilderos profesionales se escondan detrás de contratos como asesores pagados de los mismos legisladores y hasta de las agencias de gobierno. Reglamentar a los cabilderos no es suficiente. Es necesario aplicar todas las normas de ética y controles estrictos a los legisladores y a todos los asesores que por contrato trabajan en la Legislatura.

El Capitolio insular, símbolo de democracia y del poder legislativo, está mancillado. De Castro Font y otros que, como él, con su conducta criminal destruyeron la zapata moral que sostenía el augusto edificio. Lamentablemente, los ciudadanos han perdido la fe en la bondad y decencia de sus legisladores. Demandan un “buen gobierno” que impida el mal uso de los fondos públicos y evite la corrupción. Cuando alcancen el nivel profesional de controles administrativos y civismo democrático, los legisladores, representantes de los ciudadanos, nuevamente pueden reclamar el titulo de “honorables”.